Hepatitis C. Nuevas víctimas del afán de lucro.

En estos días, a raíz del tratamiento de la hepatitis C, estamos viviendo una de las consecuencias de las políticas neoliberales que priman el beneficio económico sobre las vidas de los ciudadanos consiguiendo que los económicamente poderosos marquen las reglas eliminando los obstáculos a lo único que les importa y valoran: la riqueza, o mejor, “su” riqueza, aunque ello suponga la muerte de millones de seres humanos y el deterioro de nuestro entorno. Se trata de otro espacio de corrupción propia del sistema.

Nos encontramos ante una situación revolucionaria, sanitariamente hablando, en la que los nuevos tratamientos para la hepatitis C, una enfermedad mortal hasta ahora, pueden curarla rápidamente y sin dolor por unos pocos cientos de dólares (Investigadores de la Universidad de Liverpool han estimado que todo un curso de tres meses de Sofosbuvir (Sovaldi) se puede producir por menos de 140 dólares). Pero a menos que los tratamientos sean universalmente accesibles, millones de personas que los necesitan urgentemente se quedarán en la cuneta.

Nadie que conozca el coste humano de la hepatitis C podría cuestionar el valor de estos nuevos medicamentos, pero incluso en países ricos como Australia, están siendo forzados a cuestionar su precio.

Hace varias décadas que la industria farmacéutica dejó a un lado la parte humanitaria del compromiso social que sustentaba su razón de ser, evitar el sufrimiento humano mediante fármacos que curasen o aliviasen las enfermedades, y se centró en el aspecto económico intentando maximizarlo, incluso a costa de la salud de las personas.

No es casualidad que las farmacéuticas sean las empresas más rentables en EEUU (modelo hacia el que desgraciadamente nos dirigimos) encabezando las listas Fortune 500 un año tras otro, así como que en algunas campañas electorales hayan gastado más dinero que los propios partidos Republicano y Demócrata. Son la “joya de la corona” del sistema capitalista. Sus directivos se encuentran entre las personas “mejor” pagadas, “obscenamente” pagadas sería más correcto, pues alguno (John Hammergren) llega a los 145 MILLONES de dólares anuales con una indemnización en caso de despido de 469 millones.

 De su actividad criminal y falta de escrúpulos baste recordar que en los primeros años del 2000 la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares de multa. En cuatro de estos casos las compañías farmacéuticas implicadas –TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer–han reconocido su responsabilidad por actuaciones criminales que han puesto en peligro la salud y la vida de miles de personas.

Suele decirse que si queremos que una mentira sea aceptada como verdad solo es cuestión de repetirla hasta la saciedad. La industria farmacéutica lo aplica a varios mitos consiguiendo que sean aceptados por políticos, médicos e incluso la sociedad en general. Veamos dos relacionados con el tema que nos ocupa: el elevado coste del tratamiento para la hepatitis C.

-           “Los medicamentos son tan caros por los altos costes de investigación y producción”                                                                                                                     

-           “Las innovaciones médicas son resultado de la investigación financiada por las farmacéuticas”                                                                                                                         

En realidad el precio de los medicamentos depende de lo que la sociedad en los países ricos está dispuesta a pagar por ellos, a veces, relacionado, con la capacidad de tratar o evitar una enfermedad o dolencia, pero sobre todo con la capacidad de las farmacéuticas de mantener a raya a la competencia mediante el uso de las patentes. Los gastos en innovación suelen ser inferiores a los utilizados en el marketing de la promoción de medicamentos y no suelen sobrepasar el 5% de los beneficios. Toda la ciencia básica que ha permitido avanzar en la medicina moderna se ha desarrollado gracias a organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, centros de investigación y laboratorios públicos; existiendo diversos informes que indican que entre el 70 y 80 % de los fármacos más importantes de las últimas décadas se desarrollaron gracias al conocimiento y las técnicas de laboratorios públicos, aprovechándose después las farmacéuticas de ello. Veamos algunos ejemplos, la zidovudina, primer fármaco contra el SIDA que salió al mercado y que fue sintetizada en la Fundación contra el Cáncer de Michigan en 1964 sin que en ese momento se le conociese ninguna utilidad (los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en 1981), a Burroughs Wellcome laboratorio que lo desarrollo y comercializó le costó poco dinero, sin embargo en 1987 el precio del tratamiento anual para cada enfermo era de 10.000 dólares; otro caso similar es el del ritonavir, fármaco contra el SIDA creado con los millones de dólares de los contribuyentes y que el laboratorio Abbott al comercializarlo elevó su precio en un 400%; el caso del Taxol, un fármaco eficaz contra varios tipos de cáncer (ovario, mama, pulmón, etc) que se obtenía del tejo del Pacífico y que fue sintetizado por los científicos de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, se entregó para su comercialización a Bristol-Myers Squibb, quien a pesar del bajo coste de producción en 1993 se embolsaba entre 10.000 y 20.000 dólares anuales por cada enfermo en tratamiento y cuando terminó el derecho de patente demandó a todos los que tenían intención de fabricar genéricos, retrasando con artimañas jurídicas la producción de fármacos más baratos y embolsándose miles de millones de dólares.  Precisamente el fármaco Sovaldi es otro ejemplo de lo que acabamos de decir. La empresa Gilead, comercializadora del medicamento no ha investigado nada, se ha limitado a comprarle la patente por unos 11.200 millones de dólares al pequeño laboratorio californiano PHATMASET que lo ha desarrollado, por cierto, basándose en la investigación realizada con fondos públicos por un centro británico. Si tenemos en cuenta que, según la propia industria, desarrollar un fármaco supone una inversión de 800 millones de dólares, cifra que se reduce cuando los analistas son independientes a menos de 100 millones, vemos que se trata de una operación especulativa en la que quien ha realizado la “innovación” ha obtenido sus beneficios, en cualquier caso superiores a los 10.000 millones y Gilead en una maniobra puramente comercial en la que, según publicaciones, ya ha recuperado lo invertido, pretende obtener unos ingresos desorbitados mediante la aplicación de precios elevados (84.000 dólares por tratamiento en EEUU, 25.000 euros en España) que nada tienen que ver con el coste del producto y si con la exclusividad que la explotación del mercado le otorga la protección de patentes, impidiendo que el tratamiento pueda ser aplicado a todos los enfermos que lo necesitan, calculándose en 150 millones el número de afectados a nivel mundial. Hagan los cálculos a cualquier precio de los barajados y comprobarán el ¨billonario” disparate  en beneficios que pretenden obtener los especuladores de Gilead.

De nuevo el afán de lucro se antepone a las vidas de las personas como ocurrió con los afectados por el VIH/Sida y los antirretrovirales, de los que no debemos olvidar que solo una cuarta parte de los mismos reciben tratamiento en la actualidad.

Ante la situación planteada en relación al tratamiento de la Hepatitis C tenemos que hacer una doble exigencia a nuestros gobernantes nacionales y/o comunitarios, por un lado que se aplique el tratamiento a todos los afectados que puedan beneficiarse del mismo de manera inmediata y por otro que se fabriquen o importen genéricos para evitar que las desorbitadas cantidades de dinero que quiere cobrar el laboratorio Gilead por el tratamiento original sean detraídas de otras necesidades básicas. Y para ello disponemos de suficientes mecanismos legales tanto a nivel internacional como nacional que no solo lo permiten sino que podríamos decir que los gobiernos que no los utilizan están despilfarrando dinero público y prevaricando en beneficio de un laboratorio especulador, pues el derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además la Constitución Española de 1978,  en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos su cumplimiento.

Desde la Ronda de Uruguay, a principios de los 90, en la que se creó la Organización Mundial del Comercio  (OMC) y se aprobaron las normas internacionales que protegen la propiedad intelectual (acuerdos ADPIC - Aspectos relacionados con la Defensa de la Propiedad Intelectual y el Comercio-), se produjo una interpretación sesgada por parte de las empresas hacia una excesiva protección de la propiedad intelectual que ha llevado en ocasiones a un conflicto con derechos fundamentales como la protección de la salud, especialmente el derecho de patentes sobre los fármacos. Esta situación confusa se aclaró en la Ronda de Doha del 2001, donde la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoció que los países tienen derecho a proteger la salud de sus ciudadanos saltándose la regulación internacional de las patentes y ratificó la legalidad de las licencias obligatorias -es decir, la posibilidad de que los gobiernos encarguen a laboratorios de genéricos que fabriquen los medicamentos necesarios- o bien que los importen de países que no hayan autorizado las patentes, para dar respuesta a un determinado problema de salud, a un costo, por tanto, mucho más barato.

En consecuencia disponemos de argumentos jurídicos nacionales e internacionales para que nuestros gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional, puedan acceder a estos medicamentos a un precio razonable facilitando el tratamiento a los afectados sin poner en riesgo ninguna otra partida presupuestaria del sistema de salud y para ello lo único que tienen que hacer es cumplir el artículo 43 de nuestra constitución y tomar medidas “duras y valientes” como le gusta al presidente Rajoy, solo que en este caso la “dureza” recaería sobre las potentes empresas farmacéuticas, en vez de los “indefensos ciudadanos” y serian valientes de verdad al tener que enfrentarse a los poderosos y no a los más débiles como ha hecho hasta ahora con sus políticas de recortes, algo para lo que me temo no están cualificados ni él ni su gobierno.

Un presidente ejemplar en este aspecto, y en tantos otros, fue Nelson Mandela, contra el que entablaron un pleito en 1998 treinta y nueve empresas farmacéuticas  por aplicar las leyes que permiten el uso de licencias obligatorias en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA en Sudáfrica, actuando con “dureza y valentía” en la protección de la salud de su pueblo enfrentándose a las farmacéuticas (y a las presiones del imperio estadounidense) a las que derrotó en los tribunales. Otros países lo han hecho para tratamientos contra el SIDA y el cáncer y algunos empiezan a hacerlo con respecto al fármaco sofosbuvir (Egipto, India), luego “se puede” y la falta de solución al acceso a un precio asequible, en este momento, no se debe a problemas legales sino a estrategias de chantaje, amenaza y a la propia corrupción política que padecemos.