Acerca del Informe de la Comisión de expertos sobre la Mezquita
Catedral de Córdoba
En el juego del dominó una regla básica que los jugadores
llevan a rajatabla consiste en repetir la misma ficha siempre que se pueda. Curiosamente
el Cabildo y sus diocesanos, como buenos jugadores de dominó, utilizan la
estrategia de repetir una y otra vez la misma cantinela en su empeño por
apropiarse de la Mezquita-Catedral.
El sábado 15 de septiembre se hizo público el informe elaborado
por la Comisión de expertos nombrada por el Ayuntamiento de Córdoba para
argumentar histórica y judicialmente la titularidad pública de la
Mezquita-Catedral.
En el citado informe un equipo de profesionales, de manera
honesta, desinteresada y valiente, aporta un interesante relato sobre algunos
acontecimientos relevantes para la cuestión que nos ocupa, y se exponen “dos
características básicas en la historia del edificio que han persistido por encima de todos los cambios políticos o
religiosos”:
-
La ligazón del edificio al Estado, tanto durante
la etapa de la dinastía Omeya como posteriormente a la Corona de Castilla.
-
El fuerte vínculo afectivo de los cordobeses con
respecto al monumento, tanto cuando siendo musulmanes era una Mezquita, como
cuando siendo católicos se transformó en Catedral.
El informe concluye que la Mezquita-Catedral, aunque se
mantiene en uso por la Iglesia Católica desde su consagración en 1236, no se
dispone de documentación que acredite la propiedad de la misma, y por el
contrario existen múltiples hechos que señalan al Estado como su propietario.
Se trata de unas conclusiones integradoras en las que no se
excluye a nadie, se le sigue dando un protagonismo importante a la Iglesia, en
lo relacionado con su uso para el culto, y se enriquece el desarrollo de las
posibilidades que el monumento presenta al incluir a otras instituciones
académicas, culturales y a la ciudadanía mediante sus representantes políticos,
en la gestión del mismo. Además del impacto económico, que supondría para la
ciudad, el hecho de que los ingresos obtenidos como consecuencia de las visitas
turísticas dejen de ser “dinero negro” del que nada se sabe para convertirse en
una fuente de ingresos transparente, tanto en cantidad como en el destino. Algo
parecido a la máxima: “Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de
Dios”, es decir, continuar con la parte del monumento correspondiente a la
Catedral para uso del culto católico y dedicar el resto al enriquecimiento
artístico y cultural para la ciudad y sus visitantes.
Ante el rigor y consistencia del informe, el Cabildo y sus
aliados (feligreses, cofradías y Partido Popular) repiten de manera machacona a
modo de letanía el mismo mantra: “la Mezquita-Catedral les pertenece desde 1236
por ser una donación del Rey Fernando III al obispado de la ciudad (Aunque
sigan sin aportar documentación que lo justifique), que gracias a su cuidado el
monumento se ha podido conservar en tan buen estado (A pesar de las abundantes
referencias históricas de hechos, pasados y presentes, que demuestran el afán
constante por borrar toda huella del legado Omeya y la abundante aportación
económica por parte del Estado, en sus diferentes ámbitos, para la restauración
del monumento) y que el proceso de inmatriculación se ha hecho de acuerdo a la
ley (Afirmación que nadie discute, pues lo que se cuestiona es la legitimidad y
el uso que se ha hecho de una ley injusta, antidemocrática y propia de una
dictadura teocrática)”.
Este mantra ha calado hondo y se ha incrustado
emocionalmente en una parte importante de la sociedad cordobesa, dificultando
el dialogo con quienes de manera razonada, como hacen los autores del informe,
exponen otro punto de vista.
Lo paradójico de esta cuestión es que quienes defienden que
la propiedad del monumento siga perteneciendo a quien siempre fue su
propietario, el Estado español y consecuentemente a todos los españoles, se les
reprocha haber iniciado la polémica en torno a la Mezquita-Catedral, en vez de
señalar al Obispado que en el año 2006, alteró el estatus del monumento al
inmatricularlo a su nombre utilizando los privilegios que les otorgaba una ley
franquista que permitía al Obispo, sin necesidad de aportar ninguna prueba, con
solo su palabra registrar cualquier inmueble
a su nombre y figurar como propietario del mismo. El escándalo dentro y fuera
de nuestras fronteras, alcanzó tal envergadura que el “piadoso” ministro
Gallardón se vio obligado a derogarla. Aunque, eso sí, considerando legales
todos los actos realizados bajo su amparo y dando un año de plazo para que
entrara en vigor. En definitiva, una “amnistía
registral” que ha permitido que la iglesia se apropie de miles de edificios
de todo tipo y condición.
Por el contrario, quienes defienden la propiedad para una
organización privada y dependiente de un Estado extranjero con lo que el
monumento, al menos nominalmente, dejaría de pertenecer a España, son
considerados defensores de su patria y de su patrimonio. Algo explicable como
secuela de cuarenta años de dictadura teocrática, no olvidemos que Franco fue
“caudillo de España por la gracia de Dios”, en los que la fusión Iglesia-Estado
era absoluta. Situación que los gobiernos de la democracia han hecho poco por
corregir. Así nos encontramos con municipios en los que hay dos autoridades en
la alcaldía, una real de carne y hueso y otra virtual, perteneciente al mundo
de los espíritus.
Sin embargo lo más desagradable e inaceptable de esta
polémica es la falta de rigor documental en quienes defienden la propiedad de
la iglesia y, lo que es peor, suplir esta carencia con el recurso a fantasmas
para crear miedo y desazón entre la población. En ese sentido resulta
lamentable las notas publicadas en la prensa local por parte de la Agrupación
de Cofradías en las que para mostrar su
apoyo al Obispo recurren al insulto y descalificación personal de los autores
del informe, atribuyéndoles “abyectas
conclusiones” para “intentar eliminar a los cristianos” entre otros disparates.
O las del portavoz del cabildo que vuelve a la conspiración judeo-masónica y
comunista para quitarles el monumento, no aclarando si se lo quedaría el PCE,
sería para la internacional comunista, para Rusia, etc. O las insinuaciones de
cierta prensa al relacionar la polémica con la amenaza del terrorismo
yihadista.
En fin fantasmas y miedo en lugar de documentos y
argumentos.
