"Morirán en paz, se extinguirán dulcemente, pensando en tí. Y en el más allá solo encontraran la muerte (...) Pero nosotros los mantendremos en la ignorancia sobre este punto, los arrullaremos prometiéndoles, para su felicidad, una recompensa eterna en el cielo".
El gran inquisidor a su "salvador" en Los hermanos Karamazov de F. Dostoyevski
De las tres causas en las que se apoya la denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por “Crimen contra la humanidad”, la que alude a las víctimas de abusos sexuales cometidos por el clero es la que afecta más directamente al Papa Ratzinger.
En
el texto de la denuncia se dice: “Existe
la sospecha fundada de que J. Ratzinger, como Prefecto de la Congregación para
la doctrina de la fe de su Iglesia y como Papa, ha encubierto de forma sistemática
el abuso sexual cometido a niños y a jóvenes, protegiendo a los autores de los
delitos y con ello ha favorecido más actos de violencia sexual…”
El
secreto papal
Antes
de ser elegido Papa en el año 2005, el Dr. Joseph Ratzinger era desde 1981 el Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este organismo, el “Departamento
de disciplina” se ocupa de delitos contra la moral y desde 1962
se basa en un decreto papal con el título “Crimen solicitationis”, que
obligaba a los sacerdotes que los cometían, a cada víctima y a cada testigo a
guardar absoluta discreción, bajo amenaza de ser excomulgado.
En
2001, el Papa Juan Pablo II sustituyó con un
“motu proprio” titulado “Sacramentorum sanctitatis tutela”
las disposiciones de “Crimen solitationis”. Estas nuevas
reglamentaciones fueron comunicadas por el entonces presidente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger a todos los Obispos
de la Iglesia Católica. En él, entre otras cosas se dice: “delitos contra el sexto precepto
del Decálogo con un menor de dieciocho años cometido por un clérigo (…) se reservan al Tribunal Apostólico de
la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cada vez que un Ordinario o Superior
tenga noticia al menos verosímil de un
delito reservado, una vez realizada una investigación previa, comuníquelo a
la Congregación para la Doctrina de la Fe (…) Terminada la instancia de cualquier modo en el Tribunal, todas las
actas de la causa se deben transmitir de oficio cuanto antes a la Congregación
para la Doctrina de la Fe (…) Todas
estas causas están sometidas al secreto pontificio”.
A la vista de esta normativa de derecho eclesial, el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe siempre estuvo informado de todos los delitos sexuales que habían sido cometidos por sacerdotes católicos en todo el mundo y del manejo de las investigaciones a través de los obispos locales.
Además sabía que, en general, la Iglesia no informaba a la policía y que con ello el castigo de los autores de los hechos quedaba siendo un asunto interno de la Iglesia. Siendo la pena máxima, en caso del más grave delito sexual, solamente “la excomunión y el despido del servicio sacerdotal”. Un castigo que, aunque pudiese considerarse muy grave para un creyente sincero de la doctrina católica al implicar la condenación al infierno, resulta injusto por insuficiente desde una óptica civil. Por otro lado, es poco creíble que los miembros del clero autores de estos delitos sexuales crean en la doctrina que representan y predican.
Si como afirma: “Dios está en todas partes y lo ve todo”. ¿Alguien puede imaginar cometer estos crímenes si de verdad creyeran, como su religión afirma, que Dios a quien aman y respetan los está mirando?
Guardar
el secreto era el deber máximo, no sólo ante la ley, como se formula en la
carta mencionada, sino que de hecho el encubrimiento esta a la orden del día y
se premia.
En
2001, el Vaticano congratuló al obispo francés Pierre Pican de Bayeux condenado
a tres meses de arresto por ocultar a las autoridades, a las que estaba
obligado a informar, los delitos cometidos por el sacerdote René Bissey. En la
carta de elogio se decía: “Usted ha
actuado correctamente. Me siento complacido de tener un colega en el
episcopado, que ante los ojos de la historia y de todos los demás obispos
prefiere ir a prisión antes de denunciar a su hijo y sacerdote”. El
escrito, firmado por el presidente de la congregación de sacerdotes Darío
Castrillón Hoyos, con la venia del Papa y del presidente de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, es decir, del cardenal Joseph Ratzinger, se envió a
todas las conferencias episcopales. ¿Qué delitos había cometido este “hijo y sacerdote” que debía ser protegido
de las autoridades? Haber violado
repetidamente a un niño y molestado a otros diez. Hechos por los que finalmente
se le condenó a 18 años de prisión.
Cuando
la Conferencia Episcopal norteamericana propuso una estrategia de
tolerancia-cero a raíz de los escándalos crecientes de abusos de niños y quiso
denunciar a los culpables ante la policía y exigió que se suspendiera más
menudo de su cargo a los sacerdotes culpables, llegó de Roma un veto de efecto
duradero.
El
representante del cardenal Ratzinger en la presidencia de la Congregación para la
doctrina de la fe declaró en Febrero de 2002: “Según mi opinión, la exigencia de que un obispo esté obligado a tomar
contacto con la policía para denunciar a
un sacerdote que ha cometido pedofilia, es injustificada. La sociedad civil
tiene naturalmente la obligación de proteger a sus ciudadanos. Pero del mismo
modo debe ser respetado el ‘secreto
profesional’ de los sacerdotes […] Si un sacerdote no puede confiar más en
su obispo porque tiene miedo de ser denunciado, no habría ninguna libertad de
conciencia más”. Y el presidente de la congregación de sacerdotes, Castrillón
Hoyos, dijo que la Iglesia prefiere “mantener las cosas dentro de la familia”.
Situación similar a la ley del silencio u Omertá de la mafia siciliana. No
importan los crímenes que se cometan, lo que importa es el silencio y la lealtad a la
institución.
Los
crímenes sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica se dieron a
conocer en el 2002 por el periódico estadounidense Boston Globe. El cardenal
competente era Bernard Law, que tuvo conocimiento de los cientos de víctimas de
abusos sexuales por parte de sacerdotes y su reacción fue protegerlos,
trasladando a los implicados a otras parroquias tras pagar 100 millones en
indemnizaciones. Cuando el escándalo se hizo público, la reacción del Vaticano
fue acogerlo en su sede con un cargo honorifico. La película “Spotlight” recoge
estos hechos. El entonces cardenal Ratzinger cifraba los sacerdotes pederastas
en el 1% del presbiterado, cuando según los datos denunciados era del 4,3% y el
Papa
Juan Pablo II, convertido en una máquina de hacer santos gracias a su “sensibilidad”
para verlos por todas partes al tiempo que padecía una importante ceguera para
los abusos que los limitaba a EE. UU. El más abominable de todos fue el del
sacerdote Lawrence Murphy, que durante 20 años abusó de 200 sordomudos en
Wisconsin.
En
Portland, su obispo William Levada, conocía desde 1985 el peligro de sacerdotes
pederastas en su diócesis, pero no hizo nada para proteger a las víctimas y
sancionar a los sacerdotes criminales. Este personaje fue el que sucedió a
Ratzinger como prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esta
historia se repitió por todo EE.UU y cuando se terminaron los posibles destinos
para los autores de estos crímenes, en lugar de enviarlos a la cárcel los
enviaron a otros países, sobre todo de África y Sudamérica, para que pudiesen
continuar su “labor pastoral”. Se enviaron sacerdotes pederastas de Alemania,
Italia, Irlanda y Norteamérica a Nigeria, África del Sur, Mozambique y el
Congo. El presidente de la Conferencia Episcopal sudafricana, se quejó de que
al continente africano se estaban enviando sacerdotes que eran “lobos
en piel de oveja”.
En
Irlanda se creó una comisión
presidida por el juez del Tribunal Supremo, Sean Ryan, para regular las reparaciones a las víctimas. En 2009,
en el informe redactado por la “Comisión para aclarar los abusos a menores”,
el juez Ryan califica el abuso sexual en los centros católicos de “endémico” y
afirma: “Es imposible determinar la dimensión completa de los abusos sexuales
que fueron cometidos en estos colegios para niños varones…Los casos de
abusos sexuales fueron tratados desde el
punto de vista del riesgo y el daño que suponía para la Institución y la
Congregación si salían a la luz pública. El efecto de esta política fue la protección de los autores de los
crímenes. (…) Los documentos mostraron que los agresores sexuales a menudo
habían abusado repetidamente y durante largo tiempo de los niños… Aunque de los
casos documentados resulta obvio que la Congregación era consciente de la
tendencia a recaer de los autores de los abusos, sin embargo antepuso la protección de su reputación
ante el escándalo a la de los niños”.
En
noviembre de 2009, bajo la presidencia de la juez Yvonne Murphy se publicó un informe de la situación en Dublín desde
1975 a 2004. Se constataron 14.500 víctimas y concluyó lo siguiente: “La
comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto
por la archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia” (…)
“Las
autoridades del Estado no han cumplido con sus obligaciones de asegurar que la
ley se aplique a todos por igual, lo que ha permitido a las instituciones de la
Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal. Con ello
ha favorecido el encubrimiento. El bienestar de los niños, que debía haber sido
lo absolutamente prioritario, en primera instancia no fue tenido en cuenta…”
Casos
similares de ocultamiento ocurrieron en muchos otros países. En Alemania, solo
en Baviera se descubrieron más de 280 autores de crímenes sexuales. Uno de
estos sacerdotes, finalmente condenado, fue protegido por el entonces cardenal
en funciones de Múnich, Joseph Ratzinger
que en 1980 negó haber participado en este hecho para recientemente, tras la
publicación de un informe con las actas de la reunión en las que aparecía su
firma, confesar que si lo hizo.
En
Australia fueron sentenciados 90 sacerdotes por abusos sexuales, aunque muchos
más se libraron de la justicia, porque la Iglesia mantuvo secretas muchas
acusaciones e hizo acuerdos confidenciales con las víctimas.
Los
escándalos sexuales no se limitan a los sacerdotes sino que están implicados
altos cargos de la jerarquía católica como obispos, arzobispos y cardenales: el
obispo de Brujas (Bélgica) renunció a su cargo al descubrirse que había abusado
sexualmente de su sobrino. En Noruega, el arzobispo Mueller tras prescribir el delito, confesó haber
abusado de un monaguillo. En Austria, el cardenal Hans-Hermann Groer cuando era
profesor de religión en los primeros años de su carrera, a pesar de haber
violado a un elevado número de niños nunca fue procesado, sino que Juan Pablo
II le permitió su retiro a un convento sin ser molestado. Estos hechos se
produjeron en los años 80 y 90 siendo Joseph Ratzinger prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. En Polonia, el arzobispo Julius Paetz
abusó de seminaristas, hechos que se comunicaron tanto al Papa como al prefecto,
que ignoraron la denuncia.
En
Latinoamérica, tenemos el escándalo del amigo del Papa Juan Pablo II, el Padre
Marcial Maciel fundador en México de la Orden Los legionarios de Cristo. En
audiencia papal en 2004 el Papa agradeció a este personaje por “un servicio
sacerdotal pleno de los dones del Espíritu Santo”. Los dones que el
Espíritu Santo otorgó consistían en el abuso de entre 20 a 100 niños, su
inclinación por las drogas y procrear hijos con dos mujeres. Aunque estas “virtudes espirituales” eran conocidas
en el Vaticano solo cuando Juan Pablo II estaba moribundo se abrió una
investigación por Ratzinger y ante los terribles testimonios de las víctimas de
Maciel, Roma impuso el “terrible castigo” de “una vida retirada de oración y penitencia”.
Falleció en Norteamérica a los 87 años sin ser molestado.
En
Argentina, el Arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, fue denunciado por 47
seminaristas de los que abusó sexualmente. En 1995 consiguió que Juan Pablo II suspendiera
la investigación y lo confirmara en el puesto. La denuncia de la periodista
argentina Olga Wornat en su libro “Nuestra
santa madre” y la de un antiguo seminarista hizo que renunciara. En
2009 fue condenado a 8 años de prisión, que cumplió en arresto domiciliario.
En
línea con lo anterior, en España se ha publicado en los medios que la
Conferencia Episcopal no ve “muy correcto” participar en la investigación del
Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales a menores. En declaraciones del
secretario general de este organismo Luis
Argüello, uno de los motivos para no participar es que “solo se investigue a la Iglesia”. Dice este señor: “No nos parece
muy correcto que se haya puesto solo la mirada en los casos de abusos de la
Iglesia”. No solo miente, sino que muestra estar más preocupado por los abusos
que puedan cometerse en otros entornos que interés por limpiar de pedófilos la
organización a la que representa.