Desde la Asociación “Europa Laica” se propugna la
laicidad entendida como el establecimiento de las condiciones para la libertad
de conciencia.
Defendemos que el Estado debe
ser garante de que los ciudadanos puedan ejercer su libertad de conciencia pero
de una manera neutral sin otorgar privilegios a una confesión especifica y con
una separación clara entre lo público y lo privado, entendiendo que las
creencias de los ciudadanos deben estar en el terreno de lo privado.
Arthur Schopenhauer:
"Toda verdad pasa por tres fases.
Primero se la
ridiculiza.
Segundo,
genera una violenta oposición.
Tercero,
resulta aceptada como si fuera algo evidente".
“Todos sabemos
desde siempre que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol”, ¿o no?
La “verdad”
que vengo a exponer en nombre de Córdoba Laica es que la titularidad de la
Mezquita-Catedral corresponde a la ciudadanía de Córdoba, considerado Bien de
Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, por lo que
cualquier acto de apropiación privada, y la Iglesia Católica lo es, carece de
valor jurídico al tratarse de un bien público.
Desde Córdoba Laica planteamos que existen dudas razonables sobre
la “legitimidad” de la Iglesia católica para autoproclamarse dueña de la M-C,
al entender que la legislación hipotecaria en materia de inmatriculación de
bienes inmuebles eclesiásticos utilizada por dicho organismo va en contra de
los principios constitucionales de igualdad ante la ley (Art. 14) y de
aconfesionalidad del Estado, al atentar contra el articulo 16.3 de la
Constitución Española que establece que “ninguna
confesión tendrá carácter estatal”.
Con esta normativa se ha
tratado de equiparar a la iglesia católica como “Entidad de Derecho Público” y
a los obispos diocesanos con funcionarios públicos, pudiendo ser considerada,
esta legislación hipotecaria, como un procedimiento anacrónico resquicio de un
modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte confesional que fue superado por
la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Actualmente no cabe asimilar
los fines religiosos con los públicos, ni a los miembros de una Confesión
religiosa, por muy cualificada que sea su posición dentro de la misma, con los
funcionarios públicos.
Como ejemplo de la etapa de
ridiculización, a la que hacía referencia la cita de Schopenhauer el Sr. Nieto Cumplido, CANONIGO ARCHIVERO DE LA
CATEDRAL, sobre la propiedad de la Mezquita declara: "No hay que justificar lo evidente"
Tan evidente como que la
tierra está quieta y es el sol el que gira alrededor de ella. Evidencia que
estuvo a punto de costarle la vida a Galileo porque lo que él observaba era lo
contrario.
Además, insta a la Junta a "no hacer el ridículo, porque en la UE se lleva poco un asalto a la propiedad privada".
Totalmente de acuerdo con
este Sr. pues es evidente que lo que se lleva en la Unión Europea al igual que
en nuestro país es “el asalto a lo
público” en beneficio de algunos privilegiados, entre los que, como todos
sabemos en nuestro país, se encuentran los bancos y la Iglesia Católica.
Añade este Sr. que uno de los
campos actuantes en esta disputa es "la
confrontación entre profesionales del Derecho, y apostilla --unos bastante más
competentes que otros--,
Supongo que los más
competentes son los que de acuerdo con la Iglesia defienden la obviedad acerca
de su propiedad sobre la M-C y
seguramente se basará en los Hechos, pero los “Hechos de los Apóstoles” porque
en cuanto a los “Hechos históricos” los eruditos eclesiásticos suelen ir de
metedura de pata en metedura de pata y varios pasos por detrás de los
conocimientos científicos.
Afirma que -"en parte"
se quiere llevar el templo a Sevilla y alerta de "pretensiones del mundo
árabe"-. Sin comentarios.
Por otro lado resulta paradójico que José Antonio Nieto, Alcalde de Córdoba, asuma la defensa de los privilegios del cabildo catedralicio por encima del interés común de la ciudadanía a la que representa.
Quiero recordarle Sr. Alcalde que: “El indicador por antonomasia del buen hacer de un gobierno, y por extensión de un buen gobernante, es cómo atiende los intereses de su pueblo, en especial de los más débiles, y si es capaz de protegerlo especialmente durante los tiempos difíciles y frente a los poderosos.”
No es de recibo que en este
debate en el que se plantea por una parte que el monumento de la M-C debe
pertenecer a la TOTALIDAD de los
cordobeses de los que el Alcalde es su representante, frente a otra que
defiende la propiedad para una organización privada, de ámbito internacional y
dependiente de un jefe de estado extranjero como es la Iglesia Católica, el
Alcalde de Córdoba se ponga de parte de quienes quieren apropiarse del bien en
beneficio privado frente a los que defendemos lo público.
No parece que el Sr. Alcalde
esté defendiendo los intereses de los cordobeses ante el riesgo de perder el más
importante y emblemático monumento de la ciudad.
Entendemos el conflicto de
intereses que se le puede plantear, al tener que decidir entre cumplir con su
obligación de Alcalde y defender en consecuencia el patrimonio de los ciudadanos cordobeses frente a una
organización privada a la que en función de sus creencias pertenece.
Es evidente que nos
encontramos ante un hecho histórico, dada la trascendencia que tendrá,
independientemente del resultado final, por lo que Ud. Sr. Nieto podrá ser recordado como el Alcalde que defendió
jurídica, política y socialmente la pertenencia de la Mezquita-Catedral al
pueblo de Córdoba o por el contrario quien dio la espalda a su pueblo para
posicionarse del lado de la poderosa iglesia católica.
En Córdoba tenemos el caso de
un Alcalde, el Sr. Anguita, que en
1980 con el apoyo de los ciudadanos, las leyes y la negociación con sus
propietarios, evitó el expolio al extranjero de los tesoros de otro monumento
emblemático de nuestra ciudad, como es el Palacio de Viana.
Desde Córdoba Laica
denunciamos la ilegitimidad y presunta inconstitucionalidad de esta absurda
situación como consecuencia de la aplicación de los artículos 206 de la Ley
Hipotecaria y 304 de su Reglamento por parte de la iglesia católica y exigimos
responsabilidades a los poderes públicos que lo están permitiendo, requiriendo
a los grupos políticos con representación parlamentaria que modifiquen con
carácter retroactivo la citada ley y su reglamento, adaptándola a la situación
democrática y constitucional del momento.
Por otra parte hacemos un
llamamiento a los ciudadanos cordobeses para que se movilicen en defensa de sus
intereses, reclamando la devolución de la Mezquita-Catedral al Estado Español (no a ninguna secta,
religión u organismo extranjero) quien mediante una Fundación o Patronato
Público, del que formarían parte el Ayuntamiento de Córdoba, los Gobiernos Regional y Central, la
Universidad y, en su caso, entidades privadas de carácter cultural o de
investigación, en la que se garantice la
transparencia en todos los aspectos de su gestión, incluida la económica, y
cuyos beneficios, si los hubiere, reviertan en Córdoba y los cordobeses.
Antonio Pintor Álvarez
Córdoba Laica 11 de Marzo
2014