Los problemas del Obispo con “su” patrimonio.

Es un hecho reiteradamente comprobado en la conducta humana que “La Fe nubla la Razón y enciende la pasión”. Por ello aquellas personas situadas en una posición relevante dentro de organizaciones cuyos cimientos han sido fraguados a base de fe, deberían ser prudentes a la hora de hacer declaraciones. Especialmente cuando en ellas se señala de manera negativa a otros, bien se traten de personas, instituciones o ideas. No niego su derecho a ser críticos con aquello que estén en desacuerdo sino que se debe ser prudente y bien informado. De lo contrario se corre el riesgo de que sus muchos seguidores, cegados por la fe y encendidos por la pasión, se conviertan en agentes de injusticias a la hora de juzgar ideas diferentes o lo que es peor a las personas que las apoyan.

En nuestra ciudad tenemos un ejemplo, de lo que no se debería hacer, en el Sr. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, cuyas declaraciones publicadas en prensa dan material suficiente para elaborar una antología de la imprudencia.  Este Sr. suele señalar a quienes piensan de manera diferente a la suya, como causantes de “sus problemas”.

En esta ocasión “sus problemas” son la falta de ayuda económica para el mantenimiento del enorme patrimonio cultural y “los culpables” somos los laicistas.

 Nos dice, el Sr. obispo, que “la iglesia católica es rica en fe y en patrimonio cultural”, de manera que: “En España el 80% del patrimonio cultural material es propiedad de la Iglesia Católica, que lo posee por legado histórico de sus hijos y lo emplea para el culto y para disfrute cultural de todos en preciosas exposiciones”. Llama la atención, por una parte, la enorme riqueza patrimonial en nuestro país de una organización cuya sede central está ubicada en un país extranjero como es el Estado de la Ciudad del Vaticano (gobernada por una Monarquía absolutista y teocrática) y, por otro lado, la fórmula que alega para su adquisición “por legado histórico de sus hijos”. Nunca una madre recibió tanto a cambio de tan poco, gracias a hijos tan generosos.

Sin necesidad de remontarnos a oscuros tiempos pasados y viendo lo que ocurre en la actualidad, lo que vemos es a esos “generosos hijos” legislando y facilitando que los codiciosos obispos se apropien de lo común, de lo público (Artículo 206 de la Ley Hipotecaria, vigente desde 1946 hasta 2015 y el artículo 304 del Reglamento Hipotecario que consideraba a los Diocesanos como fedatarios públicos). Desde 1946 hasta 1998 la iglesia registró a su nombre una inmensa cantidad de bienes cuya cuantía real se desconoce dadas las dificultades que aquellos de “sus generosos hijos” políticamente bien situados están poniendo a su esclarecimiento (sobre todo casas, escuelas, edificios, huertas, atrios y tierras incluidos algunos cementerios, pues la ley no permitía registrar los edificios de culto). A partir de 1998 el gobierno de Aznar, muy católicos todos ellos, legalizó la posibilidad de registrar los bienes de culto por parte de los Diocesanos sin necesidad de justificación alguna. Abriendo la veda para la apropiación de todo inmueble que tuviera alguna relación con lo religioso o estuviese en sus alrededores, como ha ocurrido en nuestra ciudad con la Mezquita, el Triunfo, la plaza del Pocito, las Iglesias fernandinas una vez restauradas (no mientras se encontraban en estado ruinoso), etc.

Las consecuencias son, según nos aclara el Sr. obispo, que el mantenimiento de toda esta riqueza les supone un “gasto mayor que el ingreso que genera” ya que “restaurar un templo o tener a punto todo el patrimonio mueble e inmueble es una preocupación constante desde hace siglos”. El problema es que según él mismo nos dice, históricamente “ellos se preocupaban” y “otros lo pagaban”: “ha habido épocas en las que hemos contado con ayudas del erario público”, algo que, según él, no ocurre en la actualidad.

Sin entrar en los múltiples beneficios fiscales que la iglesia católica disfruta ¿A dónde van a parar los más de 10.000 millones de euros que anualmente se les regala siguiendo los acuerdos franquistas con el Vaticano y posteriormente confirmados por los gobiernos “democráticos”? Cantidad superior a los recortes en sanidad y educación que tanto daño nos está haciendo a todos los españoles, independientemente de sus creencias. ¿Y los cientos de millones recaudados por hacienda para “donarlos” a la iglesia católica a través de la “X” en la declaración de la renta? Dinero que se sustrae de los ingresos estatales para beneficio de esta institución a diferencia de otros países en los que los católicos que marcan la “X” aportan esta cantidad de manera suplementaria evitando sea detraído del erario público.

De manera que primero se apropian de todo lo que se les pone por delante y después se lamentan que quienes han sido expoliados no corran con los gastos de mantenimiento. Alguien podría pensar que esto es el colmo del cinismo, sin embargo es posible que se deba a la otra gran riqueza de la Iglesia católica y que el obispo, al igual que le ocurre con la riqueza inmobiliaria, debe poseer en gran dosis: la fe. Y como decía al principio “la fe nubla la razón”.

Con esta “ceguera voluntaria” e interesada a la hora de buscar culpables de sus desdichas, nada mejor que señalar al pensamiento laicista. Así nos dice que “una postura laicista contraria a la existencia de la religión” es lo que provoca que haya dinero para actividades culturales de todo tipo y  “no lo hay para restaurar una ermita o el templo más emblemático del pueblo, porque la religión para los planteamientos laicistas es como la peste, hay que evitarla”.

 El Sr. obispo sigue propagando el prejuicio muy arraigado en nuestro país durante los 40 años de dictadura nacional-católica de equiparar laicismo con anticlericalismo. Cualquier persona creyente, pero libre de fanatismos religiosos, verá razonable la existencia de un Estado Laico por ser el modelo que garantiza el respeto a “todas” las creencias religiosas o ausencia de las mismas. El problema para la fracción fundamentalista  de la Iglesia católica es que ello debe hacerse sin privilegios hacia ninguna y que los costes de su mantenimiento deben ser asumidos por sus seguidores y no por el Estado.

Parte de los problemas económicos de la Iglesia Católica tanto a nivel mundial como nacional no hay que buscarlos  en los demás sino en los pecados de lujuria y avaricia cometidos en su seno. La conducta de “algunos de sus pastores” que han malinterpretado el virtuoso mensaje evangélico de “amor al prójimo” por el pecado de lascivia en la forma de “abuso a menores”, les está suponiendo unos enormes costes económicos debido a indemnizaciones condenatorias y pagos extrajudiciales a las víctimas para evitar el juicio. Situación que en Estados Unidos está provocando el cierre y venta posterior de miles de parroquias. En España, el pecado de avaricia de las autoridades eclesiásticas, facilitado por la legislación aludida, ha provocado un acaparamiento superior al que en justicia le corresponde y de lo que pueden mantener.

Por favor, actúen en coherencia con lo que predican. Muchos de “sus problemas” desaparecerán y todos seremos más felices.