El objetivo de este escrito no es valorar las vacunas en sí, sino hacer una crítica del proceso mercantil de las mismas y mostrar el perfil de las empresas implicadas en su producción y la “sospechosa” connivencia de los gobernantes de algunos países, entre los que se incluyen el nuestro y el resto de la Unión Europea.
Al
abordar el negocio de las vacunas, vemos que la historia se repite una vez más.
Las denuncias que se hicieron por la falta de accesibilidad y el abuso de la
industria farmacéutica en el precio del tratamiento del VIH/Sida y la hepatitis
C, y la inoperancia o servilismo por parte de los gobernantes, vuelven a ser
actuales en lo que está ocurriendo con las vacunas del Covid-19.
Hace
décadas que la industria farmacéutica dejó a un lado la parte humanitaria del
compromiso social que sustentaba su razón de ser, evitar el sufrimiento humano
mediante fármacos que curasen o aliviasen las enfermedades, y se centró en el
aspecto económico intentando maximizarlo, incluso a costa de la salud, y a
veces de la vida, de las personas.
Peter C.
Gøtzsche, Profesor de medicina y farmacología clínica de la Universidad de
Copenhague. Director y profesor del Nordic Cochrane Center, en su libro “Medicamentos que matan y crimen
organizado”, dice: “La industria
farmacéutica está corrompida hasta la médula, “extorsiona” a médicos y
políticos, y mantiene enormes beneficios a fuerza de medicar innecesariamente a
la población.”
Richard
J. Roberts, Premio Nobel de Medicina, dijo en una entrevista
sobre la política estadounidense: “Los
poderes políticos no intervienen porque en nuestro sistema, los políticos son
meros EMPLEADOS de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que
salgan elegidos sus chicos, y si no salen,….COMPRAN a los que son elegidos”.
No es casualidad que las farmacéuticas sean las empresas más
rentables en EEUU encabezando las listas Fortune 500 un año tras otro, así como
que en algunas campañas electorales estadounidenses hayan gastado más dinero
que los propios partidos Republicano y Demócrata. Son la “joya de la corona” del
sistema capitalista.
Las grandes compañías farmacéuticas gastan cientos de millones de
dólares al año en “presionar” a profesionales de la medicina con la intención de
que prescriban y promocionen sus medicamentos. Estas costosísimas operaciones
de marketing, son maquilladas bajo la apariencia de actividades científicas,
formativas o investigadoras. Según Open Payments (Programa USA de divulgación que
promueve un sistema de atención médica más transparente y responsable) en
2017 se pagaron solo en EEUU 8.310 millones de dólares, tanto a médicos como a
Hospitales y otras entidades. En 2016, más de 30 directivos y delegados
comerciales de Pfizer en España,
fueron despedidos por “malas prácticas”, entre ellas, hacer regalos caros a los
médicos con el objetivo de que estos recetaran sus medicamentos.
En 2007, Marcia Angell, ex editora del New
England Journal of Medicine, una de las revistas de mayor prestigio en
medicina, y profesora en la Harvard Medical School, denunció en una entrevista,
que “los
científicos de AstraZeneca falsificaron su investigación sobre la eficacia del
medicamento Esomeprazol”, para promocionarlo como superior al omeprazol
cuando en lo único que lo superaba ampliamente era en el precio, al haber
caducado la patente y disponer de genéricos muchísimo más baratos.
Para hacernos una idea de la actividad criminal y falta de
escrúpulos de las grandes empresas farmacéuticas, baste recordar que en los
primeros años del 2000 la mayoría de ellas pasaron por los tribunales de
EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas
empresas fueron condenadas a pagar más de 2.200 millones de
dólares de multa. En cuatro de estos casos las compañías
farmacéuticas implicadas –TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca (fabricante de una de las
vacunas autorizadas) y Bayer
(asociada con la empresa alemana para la vacuna pendiente de autorizar)
–reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en
peligro la salud y la vida de miles de personas.
Las
afirmaciones anteriores y los hechos descritos, muestran el perfil de dos de
los principales protagonistas, industria farmacéutica y ciertos políticos, del
drama que se está representando a nivel mundial con el desarrollo, producción y
distribución de las vacunas y el uso de las patentes. El otro protagonista lo
constituye la población, desempeñando su papel de receptor y pagador.
Con
esta carta de presentación, no sorprenderá que frente al principio de inocencia: “todo
el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, en lo que
respecta a las empresas farmacéuticas, lo prudente seria aplicar el principio de precaución y considerarlas
“culpables hasta que demuestren su
inocencia”. Sin embargo, no es esta la actitud que los gobiernos, y en
concreto la Comisión Europea, están teniendo con las farmacéuticas productoras
de las vacunas, a las que están dando todas las facilidades para su negocio en
detrimento de garantías a la población. Podemos decir que están actuando en la
línea de lo denunciado, al principio del escrito, por el Nobel de medicina.
Ante la carencia de terapias eficaces
en la pandemia provocada por el Covid-19, disponer de vacunas ha supuesto un
gran avance y un aliento de esperanza. Sin embargo, ello no nos debe cegar y
obviar la necesidad de ser críticos y vigilantes, en un proceso dominado por la
falta de transparencia y, teniendo en cuenta la “reputación” de los implicados, recordemos
que dos de las farmacéuticas suministradoras (Pfizer y AstraZeneca) han sido
condenadas por prácticas criminales. Máxime cuando, dada la desesperación
del momento, las agencias reguladoras han autorizado su uso por mecanismos de urgencia,
lo que ha permitido hacer en unos meses lo que suele tardar diez años de media.
Evidentemente, ello ha sido posible al aplicar una cierta laxitud a los
requisitos exigidos habitualmente, por lo que no sorprende que existan dudas
razonables sobre su seguridad y eficacia.
Sabemos que, si las vacunas no son
económicamente accesibles, millones de
personas se quedarán en la cuneta. Situación que, además de insolidaria, entorpecería
la lucha contra la pandemia y podría empeorar el problema, pues el virus
dispondría de un reservorio en el que medrar y replicarse, facilitándose las
mutaciones y la aparición de nuevas variantes que podrían ser más contagiosas, más
agresivas y más resistentes.
A pesar de ello, la actitud imperante
en el denominado mundo desarrollado, es la de un egoísta “sálvese quien pueda”, es decir, quien pueda pagar a las
farmacéuticas lo que ellas impongan.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha alertado del "fracaso moral catastrófico"
al que se asoma el mundo en la distribución de vacunas, con la mayoría de los
países ricos acaparando gran parte de los suministros que se producirán en
2021.
Las propuestas sobre cómo se pueden hacer las cosas de
otra manera, de forma más eficiente, más justa y solidaria, brillan por su
ausencia. Nuestros representantes públicos han eliminado de su agenda la
posible producción de vacunas y medicamentos COVID accesibles, asequibles y
transparentes. Nadie cuestiona ninguna de las normas regulatorias o comerciales
existentes en la normalidad pre-pandemia, y el debate sobre la necesidad de
revisar los derechos de las patentes, a pesar de las iniciativas planteadas al
respecto, ni está ni se le espera.
Charles
Gore director ejecutivo de Medicines Patent
Pool (MPP), plataforma de intercambio de patentes que cuenta con el respaldo de
Naciones Unidas, ha dicho que la falta de compromiso simboliza el fracaso
generalizado de la lucha global contra la pandemia. "Desgraciadamente, ha habido
muy poco de 'hagamos esto todos juntos como un mundo' y demasiado 'yo
primero".
En las últimas semanas han salido a la luz los
problemas de producción y suministro con dos de las compañías que
tienen autorizada la vacuna o están a las puertas de obtenerla. Raquel
González, perteneciente a Médicos sin Fronteras, ha dicho: “Estamos asistiendo a un escenario con enormes tensiones y
a unas negociaciones opacas propias de un ‘mercado persa’ en el que los países
que más pagan son los que más población tienen vacunada y las corporaciones
farmacéuticas abusan y operan con impunidad mediante acuerdos de compra
bilaterales secretos”.
En este escenario, nos encontramos por parte de los
responsables políticos de la Comisión Europea y en los debates del Congreso de
Diputados, ante un silencio sepulcral sobre las condiciones de producción,
compra y distribución de las vacunas. En nuestro país, la discusión mediática
se ha centrado en la criminalización de los casos marginales de responsables
públicos que se han vacunado sin que les correspondiera. Medios y gobernantes
solo parecen estar interesados en propagar las “bondades” de las vacunas, la cantidad adquirida y población
vacunada. Podríamos decir, que el fin ha sido suplantado por los medios.
El debate que deberíamos tener, y que está siendo
secuestrado por medios y gobernantes, es el de la necesidad de primar la salud
sobre el negocio. Algo que, en una situación de pandemia como la actual, obliga
a cuestionar y suprimir el derecho de patentes de las farmacéuticas sobre
vacunas y otros productos necesarios en la lucha contra el COVID-19.
Una máxima de la propaganda, muy utilizada en estos
tiempos en los que se ha impuesto la mentira como práctica habitual, es que “si
queremos que una mentira sea aceptada como verdad solo es cuestión de repetirla
hasta la saciedad”.
La industria farmacéutica la aplica a varios mitos,
consiguiendo que sean aceptados por políticos, profesionales de la salud y la
sociedad en general.
Dos de los mitos más populares en relación con las
patentes son:
1.- “Los
medicamentos son tan caros por los altos costes de investigación y producción”.
2.- “Las innovaciones médicas son resultado de la
investigación financiada por las
farmacéuticas”
En cuanto al primero, la realidad es que el precio de
los medicamentos depende de lo que la sociedad en los países ricos está
dispuesta a pagar por ellos. Precio
que, a veces, está relacionado con la
capacidad de tratar o evitar una enfermedad o dolencia, pero sobre todo con la capacidad
de las farmacéuticas de mantener a raya a la competencia mediante el uso de las patentes.
Respecto
a los
gastos en innovación, se
sabe que suelen ser inferiores a los que utilizan en el marketing para la
promoción de medicamentos y no suelen sobrepasar el 5% de los beneficios,
incluida la “presión” a profesionales
y “extorsión” a políticos.
Toda la ciencia básica que ha permitido avanzar en la
medicina moderna se ha desarrollado gracias a organizaciones sin ánimo de
lucro, universidades, centros de investigación y laboratorios públicos;
existiendo diversos informes que indican que entre el 70 y 80 % de los fármacos
más importantes de las últimas décadas se desarrollaron gracias al conocimiento
y las técnicas de laboratorios públicos, aprovechándose después las
farmacéuticas de ello. Veamos algunos ejemplos:
- La zidovudina,
primer fármaco contra el SIDA que salió al mercado, fue sintetizada en la
Fundación contra el Cáncer de Michigan en 1964 sin que, en ese momento, se le
conociese ninguna utilidad (los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en
1981), pese al poco dinero que le costó a Burroughs Wellcome, laboratorio que
lo desarrolló y comercializó, en 1987 el precio del tratamiento anual para cada
enfermo era de 10.000 dólares;
- El Taxol,
un fármaco eficaz contra varios tipos de cáncer (ovario, mama, pulmón, etc.)
que se obtenía del tejo del Pacífico
y que fue sintetizado por los científicos
de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, se entregó para su
comercialización a Bristol-Myers Squibb, quien a pesar del bajo coste de
producción en 1993 se embolsaba entre 10.000 y 20.000 dólares anuales por cada
enfermo en tratamiento. Cuando terminó el derecho de patente, demandó a todos
los que tenían intención de fabricar genéricos, retrasando con artimañas
jurídicas la producción de fármacos más baratos y embolsándose miles de
millones de dólares.
- Más recientemente tenemos el ejemplo del Sovaldi, para el tratamiento de la
hepatitis C. La empresa Gilead, comercializadora del
medicamento no ha investigado nada, se limitó a comprar la patente por unos
11.200 millones de dólares al pequeño laboratorio
californiano PHATMASET que lo había desarrollado, por cierto,
basándose en la investigación realizada con fondos públicos en un centro
británico. Si tenemos en cuenta que, según la propia industria, desarrollar un
fármaco supone una inversión de 800 millones de dólares, cifra que los
analistas independientes reducen a menos
de 100 millones, vemos que se trata de una operación especulativa, pues quien
realizó la “innovación” con fondos públicos (PHATMASET) obtuvo unos
beneficios estimados en más de 10.000 millones y Gilead, en una maniobra
puramente comercial, no solo recuperó rápidamente lo invertido sino que obtuvo
unos ingresos desorbitados aplicando precios elevados (84.000 dólares por
tratamiento en EEUU, 25.000 euros en España) que nada tenían que ver con el
coste del producto y si con la exclusividad que la explotación
del mercado le otorga la protección de patentes.
- En el caso de las vacunas contra el COVID-19, la UE y
sus estados miembros han participado con unos niveles de financiación pública que
no tienen precedentes. Se estima que se han invertido más de 8.300 millones de
euros en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales
vacunas candidatas de COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford, Johnson & Johnson / BiologicalE, BioNTech, GlaxoSmithKline /
Sanofi Pasteur, Novavax / Serum
Institute of India y Moderna / Lonza.
La médica y activista Ellen 't Hoen, experta en
propiedad intelectual, ha denunciado que, a pesar de los miles de millones de
dólares de los contribuyentes invertidos por los gobiernos de países ricos de
todo el mundo en el desarrollo de las vacunas, éstas serán propiedad y estarán
bajo el control de las empresas y sus accionistas.
Los “acuerdos de compra anticipada” por
parte de la Unión Europea, a pesar de tratarse de dinero público, se han
llevado a cabo en el más absoluto secretismo, con una confidencialidad que
incumple su propia normativa que obliga a la transparencia en los contratos. Los
escasos datos que han salido a la luz del acuerdo realizado con la empresa
alemana CureVac, conocido como
“TachónGate” debido a las restricciones y tachaduras en los documentos
mostrados, son altamente preocupantes, pues evidencian que, de nuevo, el afán
de lucro y la inoperancia de los gobernantes se anteponen a las vidas de las
personas. En el acuerdo, no se recoge el mandato de los estados miembros a la
Comisión Europea de «promover la vacuna
Covid-19 como un bien público mundial». Por el contrario, el
enfoque de los acuerdos de compra anticipada parece estar en reducir el riesgo
de inversiones y actividades de las empresas y menos en la protección del
interés público y las inversiones públicas.
Una vez más, las consecuencias de las políticas
neoliberales que, al primar el beneficio económico sobre las vidas de los
ciudadanos, consiguen que los económicamente poderosos marquen las reglas,
eliminando cualquier obstáculo a lo único que les importa y valoran: la
riqueza, o mejor, “su riqueza”. Aunque
ello suponga la muerte de millones de seres humanos, como ocurrió con el SIDA
en el continente africano y puede suceder con el Covid en países de ingresos bajos
y medios.
