Política y Espíritus

Según refieren las crónicas, en el siglo I de nuestra era, el emperador romano Calígula (12-41) nombró cónsul a su caballo Incitatus. Esta anécdota es interpretada por algunos como síntoma del deterioro de su salud mental y por otros como un hecho irónico con el que mostrar su desprecio a las instituciones públicas del Imperio, especialmente al Senado.

Veinte siglos después, en nuestro país, los regidores de decenas de Ayuntamientos democráticos han dado un paso más que el emperador Calígula, concediendo honores (medallas de oro de la ciudad) y nombrando como máxima autoridad del municipio (Alcaldesa) a imágenes representativas de entes sobrenaturales. Actualizando la tan criticada idolatría de los antiguos pueblos calificados como “paganos” por la propia Iglesia Católica.

No sabemos qué opinarán las generaciones futuras sobre estos hechos, si al igual que ocurrió con el emperador, las opiniones se dividirán entre los que cuestionen la salud mental de nuestros regidores municipales o los que, por el contrario, se decantarán por considerar que se trata de un acto que soslaya, vulnera e incumple el artículo 16 de la Constitución en su apartado 3. Hecho grave porque los Ayuntamientos son Estado y como tal lo encarnan y representan en su término municipal. El hecho de otorgar a una imagen religiosa  o de cualquier otra índole, los honores municipales reservados a personajes ilustres o a instituciones de valor cultural, científico, artístico o social y benéfico, constituye, se quiera o no, un acto de consciente o inconsciente desprecio a las instituciones públicas y al trabajo que en ellas se realiza.
Recientemente se ha celebrado, no sin polémica, el juicio ante la denuncia interpuesta por Europa Laica a la concesión de la medalla de oro de la ciudad de Cádiz a la imagen de la Virgen del Rosario, según afirman, por su “actuación” en la epidemia de peste de 1646, de fiebre amarilla en 1730 y en el maremoto de 1755, para lo cual se aportan como “pruebas” la interpretación que en su día hicieron los ciudadanos de la época, que no es otra que “la intervención milagrosa por parte de la Virgen” en respuesta a sus plegarias,  en los hechos citados. Según la RAE se define “milagro”, como un “hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino”.

Es comprensible que los gaditanos de los siglos XVII y XVIII no fueran capaces de explicar lo ocurrido usando las leyes naturales, es decir la ciencia, pues el método científico basado en el razonamiento y demostración empírica que se inició con Galileo estaba aún en pañales. Sin embargo causa perplejidad que sus paisanos de hoy utilicen las increíbles explicaciones dadas hace tres siglos para otorgar una condecoración en la actualidad. Al margen de que los asuntos “milagrosos” competen al Vaticano y no a las corporaciones municipales, que deberían guiarse en sus decisiones por el conocimiento científico y la ética. Ambos ausentes en los asuntos referidos, pues los conocimientos actuales en medicina y geología permiten explicar tales acontecimientos con leyes naturales y sin necesidad de recurrir a explicaciones esotéricas.

 Lamentablemente ciencia y ética están siendo sustituidas por la credulidad y la fe más primarias y superficiales, reflejo de la persistencia en la cultura moderna de las primitivas creencias animistas, que interpretan los fenómenos naturales dotados de intencionalidad y sujetos a la voluntad de seres sobrenaturales.

Creencias con profundas y vivaces raíces en el pensamiento de los humanos modernos, al dar respuesta, aunque ésta sea errónea, a un rasgo que caracteriza al ser humano como es la necesidad de buscar constantemente explicaciones y causas de las cosas, a lo que  se añade la influencia que ejercen las organizaciones religiosas en los sistemas educativos. 

Ante la necesidad de disponer de un relato “coherente, no necesariamente verdadero” de la realidad con la que interactuamos y, en este caso buscando la verdad como alternativa a los mitos religiosos, surge el conocimiento científico, basado en la razón y la experimentación, en contraste con las explicaciones religiosas que se basan en dogmas de fe, irracionales y no falsables.

Resulta obvia no solo la necesidad de establecer normas que regulen este tipo de actos donde aún no existan, de acuerdo con las prácticas de una sociedad moderna y civilizada como en la que se supone estamos, teniendo presente en su elaboración a la Constitución y la “Aconfesionalidad del Estado”, sino además de exigir la obligación de cumplirlas.                  
Velar por su cumplimiento, en lo referente a la legalidad, corresponde al poder político-judicial y en los aspectos éticos a aquellas organizaciones políticas, que asumiendo la laicidad del Estado en sus estatutos y programas, no deben permitir a sus miembros colaborar en estas cuestiones.

Mezclar la fe y la creencia en espíritus con las actividades del gobierno local, además de anacrónicas y fuera de lugar, resultan lesivas para el  mensaje de seriedad y rigor legal que los Ayuntamientos deben transmitir a todos sus conciudadanos.

Aunque la devoción y veneración por parte de amplios sectores de la población a la Virgen es un hecho innegable y respetable desde la libertad de conciencia de cada cual, ello no justifica que una institución estatal actúe en función de la fe, dejando de lado la razón, la ciencia y las normas democráticas por las que debe regirse.

Finalmente ante la expectativa de la sentencia del tribunal de justicia que juzga la concesión de dicha medalla, esperamos no se comporte como Pilatos, sino que se pronuncie contra esta actuación anacrónica y anticonstitucional, pues de no ser así, contrastaría con el celo y diligencia puesto por el poder político-judicial en recientes conflictos de la actualidad nacional.

Y todo ello sin entrar en las incoherencias con sus propios textos sagrados: 

                                

“No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No los adorarás ni los servirás; porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso” Éxodo, 10 mandamientos.

Antonio Pintor Álvarez. 

Córdoba Laica                                                                                                                           

José A. Naz Valverde. 

Córdoba Laica                                                                                                                                    

Julio Anguita González.

 Colectivo Prometeo.

Repetir, repetir, repetir.

Acerca del Informe de la Comisión de expertos sobre la Mezquita Catedral de Córdoba

En el juego del dominó una regla básica que los jugadores llevan a rajatabla consiste en repetir la misma ficha siempre que se pueda. Curiosamente el Cabildo y sus diocesanos, como buenos jugadores de dominó, utilizan la estrategia de repetir una y otra vez la misma cantinela en su empeño por apropiarse de la Mezquita-Catedral.

El sábado 15 de septiembre se hizo público el informe elaborado por la Comisión de expertos nombrada por el Ayuntamiento de Córdoba para argumentar histórica y judicialmente la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

En el citado informe un equipo de profesionales, de manera honesta, desinteresada y valiente, aporta un interesante relato sobre algunos acontecimientos relevantes para la cuestión que nos ocupa, y se exponen “dos características básicas en la historia del edificio que han persistido por encima de todos los cambios políticos o religiosos”:

-          La ligazón del edificio al Estado, tanto durante la etapa de la dinastía Omeya como posteriormente a la Corona de Castilla.

-          El fuerte vínculo afectivo de los cordobeses con respecto al monumento, tanto cuando siendo musulmanes era una Mezquita, como cuando siendo católicos se transformó en Catedral.

El informe concluye que la Mezquita-Catedral, aunque se mantiene en uso por la Iglesia Católica desde su consagración en 1236, no se dispone de documentación que acredite la propiedad de la misma, y por el contrario existen múltiples hechos que señalan al Estado como su propietario.

Se trata de unas conclusiones integradoras en las que no se excluye a nadie, se le sigue dando un protagonismo importante a la Iglesia, en lo relacionado con su uso para el culto, y se enriquece el desarrollo de las posibilidades que el monumento presenta al incluir a otras instituciones académicas, culturales y a la ciudadanía mediante sus representantes políticos, en la gestión del mismo. Además del impacto económico, que supondría para la ciudad, el hecho de que los ingresos obtenidos como consecuencia de las visitas turísticas dejen de ser “dinero negro” del que nada se sabe para convertirse en una fuente de ingresos transparente, tanto en cantidad como en el destino. Algo parecido a la máxima: “Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, es decir, continuar con la parte del monumento correspondiente a la Catedral para uso del culto católico y dedicar el resto al enriquecimiento artístico y cultural para la ciudad y sus visitantes.

Ante el rigor y consistencia del informe, el Cabildo y sus aliados (feligreses, cofradías y Partido Popular) repiten de manera machacona a modo de letanía el mismo mantra: “la Mezquita-Catedral les pertenece desde 1236 por ser una donación del Rey Fernando III al obispado de la ciudad (Aunque sigan sin aportar documentación que lo justifique), que gracias a su cuidado el monumento se ha podido conservar en tan buen estado (A pesar de las abundantes referencias históricas de hechos, pasados y presentes, que demuestran el afán constante por borrar toda huella del legado Omeya y la abundante aportación económica por parte del Estado, en sus diferentes ámbitos, para la restauración del monumento) y que el proceso de inmatriculación se ha hecho de acuerdo a la ley (Afirmación que nadie discute, pues lo que se cuestiona es la legitimidad y el uso que se ha hecho de una ley injusta, antidemocrática y propia de una dictadura teocrática)”.

Este mantra ha calado hondo y se ha incrustado emocionalmente en una parte importante de la sociedad cordobesa, dificultando el dialogo con quienes de manera razonada, como hacen los autores del informe, exponen otro punto de vista.

Lo paradójico de esta cuestión es que quienes defienden que la propiedad del monumento siga perteneciendo a quien siempre fue su propietario, el Estado español y consecuentemente a todos los españoles, se les reprocha haber iniciado la polémica en torno a la Mezquita-Catedral, en vez de señalar al Obispado que en el año 2006, alteró el estatus del monumento al inmatricularlo a su nombre utilizando los privilegios que les otorgaba una ley franquista que permitía al Obispo, sin necesidad de aportar ninguna prueba, con solo su palabra  registrar cualquier inmueble a su nombre y figurar como propietario del mismo. El escándalo dentro y fuera de nuestras fronteras, alcanzó tal envergadura que el “piadoso” ministro Gallardón se vio obligado a derogarla. Aunque, eso sí, considerando legales todos los actos realizados bajo su amparo y dando un año de plazo para que entrara en vigor. En definitiva, una “amnistía registral” que ha permitido que la iglesia se apropie de miles de edificios de todo tipo y condición.

Por el contrario, quienes defienden la propiedad para una organización privada y dependiente de un Estado extranjero con lo que el monumento, al menos nominalmente, dejaría de pertenecer a España, son considerados defensores de su patria y de su patrimonio. Algo explicable como secuela de cuarenta años de dictadura teocrática, no olvidemos que Franco fue “caudillo de España por la gracia de Dios”, en los que la fusión Iglesia-Estado era absoluta. Situación que los gobiernos de la democracia han hecho poco por corregir. Así nos encontramos con municipios en los que hay dos autoridades en la alcaldía, una real de carne y hueso y otra virtual, perteneciente al mundo de los espíritus.

Sin embargo lo más desagradable e inaceptable de esta polémica es la falta de rigor documental en quienes defienden la propiedad de la iglesia y, lo que es peor, suplir esta carencia con el recurso a fantasmas para crear miedo y desazón entre la población. En ese sentido resulta lamentable las notas publicadas en la prensa local por parte de la Agrupación de Cofradías en las que para mostrar  su apoyo al Obispo recurren al insulto y descalificación personal de los autores del informe, atribuyéndoles  “abyectas conclusiones” para “intentar eliminar a los cristianos” entre otros disparates. O las del portavoz del cabildo que vuelve a la conspiración judeo-masónica y comunista para quitarles el monumento, no aclarando si se lo quedaría el PCE, sería para la internacional comunista, para Rusia, etc. O las insinuaciones de cierta prensa al relacionar la polémica con la amenaza del terrorismo yihadista.

En fin fantasmas y miedo en lugar de documentos y argumentos.

La izquierda y el chalet de la discordia

“La vida es eso que pasa mientras estas distraído haciendo otros planes”, frase atribuida al genial músico John Lennon, que llevada al terreno político diriamos  “la política es eso que pasa mientras estamos distraídos en otras cosas”, lo que parece ocurrirle a organizaciones situadas bajo el término-paraguas  “izquierda”.

En un momento histórico en el que la denominación de “izquierda” en el terreno filosófico-político ha quedado conceptualmente debilitada, por el abandono o revisión de los viejos postulados (dictadura del proletariado, lucha de clases, clase obrera, etc.), resulta que el debate  que trasciende, de manera intensa y apasionada, es acerca de la compra de un chalet.

Que esta anécdota se haya convertido en el centro del debate político ¡con la que está cayendo, tanto a nivel nacional como autonómico!, se explica por la miseria intelectual en la que estamos instalados que hace del chismorreo, junto con el futbol, el deporte nacional.

Algunos psicólogos evolutivos consideran que el fundamento de las creencias de la mayoría de la gente es, simplemente, porque otros las tienen. En nuestro país, la católica-derecha ha tenido éxito en inculcar maliciosamente a la población la creencia en unos estereotipos sobre el estilo de vida que corresponde a quien se define de izquierdas, equiparándolo  a una especie de ermitaño, cutre y pobre.

La misma católica-derecha, que en su estilo de vida, aspira a ser próspera y rica sin reparar en medios. Y eso a pesar de que el Dios al que veneran y dicen obedecer les habló de no robar y les contó una historia sobre un camello, el ojo de una aguja y el reino de los cielos, dando a entender que no le caían bien los ricos. Curiosamente aquí no hay contradicción, para esos españoles, entre lo que se predica y lo que se hace. Seguramente porque asumen otra creencia, atribuida al clero, de “haz lo que yo diga pero no lo que yo haga” como medio para la salvación.

En el susodicho debate, grosso modo, se plantean dos opciones: los que piensan que “cada cual puede hacer con su dinero ganado honradamente lo que considere oportuno dentro de la legalidad” y los que recuerdan que los de izquierdas “como la mujer del Cesar no solo debe ser honrada sino también parecerlo”  y tirando de hemeroteca recuerdan “tu decías…”.

Ambas opciones están mal planteadas, pues no todo uso lícito de nuestra riqueza es éticamente correcto, ni tampoco es deseable vivir instalados en las apariencias.

Así que, al margen de lo oportuno o no de la dichosa compra, este hecho pone sobre la mesa una cuestión no resuelta dentro de la izquierda, consistente en establecer de manera explícita el marco aceptable del estilo de vida para quienes lideran o participan en organizaciones con esta ideología.

Si queremos hacer pedagogía sobre otro modelo social tenemos que predicar con el ejemplo mediante “gestos” que muestren la coherencia entre lo dicho y lo hecho. Con ello no quiero decir que las personas objeto de esta polémica no sean coherentes, sino que existe un vacio teórico que es utilizado por propios y extraños para a través de la crítica personal atacar  y desacreditar la ideología que representan.

Otra consecuencia del “debate” es un nuevo “anti” de la izquierda, así al anticapitalista, antiimperialista, antifascista, antiglobalización,  ahora tenemos el “anti chalet”.                         De nuevo se le hace el juego a la derecha mediática que define a la izquierda por lo que rechaza, proyectando una imagen negativa, en lugar de una alternativa que intenta construir un mundo en el que se respeten los Derechos Humanos y se proteja al planeta y su biodiversidad.

La izquierda actual debe abandonar la comodidad de la descalificación entre sus miembros y ser tolerante con la heterodoxia intelectual, la disidencia y la crítica interna.

Debe  debatir sobre el modelo de sociedad al que aspira, trasladando a la población las nuevas visiones y retos que defiende, como convertir en ley la solidaridad , que la fraternidad no sea solo un sentimiento sino algo que se impone en la praxis, hacer de la redistribución un instrumento para eliminar la desigualdad social que padecemos, que la cultura sea una exigencia y requisito del Estado y no un regalo o lujo, la protección social como elemento estructural y no como solución coyuntural ante las crisis, etc.

Una izquierda que se oponga a la apropiación por parte de las multinacionales de bienes vitales para la población: Agua, Aire, Tierra, Energía, Banca, Transporte, Educación, Sanidad, Vivienda…

Una izquierda que de acuerdo con la laicidad del Estado, traslade las manifestaciones religiosas al ámbito de lo privado sacándolas de lo público y actúe en consecuencia.

En definitiva una izquierda que diga la verdad como herramienta ética e intelectual sin camuflar sus dificultades en el camino hacia otro modelo social.

Este es el debate que nos tendría que apasionar.