martes, 31 de mayo de 2016

El “TTIP”: Un tratado suicida.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las poderosas industrias dedicadas a fabricar sustancias químicas con las que matar al enemigo mediante el envenenamiento se quedaron sin demanda y consecuentemente sin negocio. Esta situación duró poco, ya que al tratarse de poderosos empresarios, condición que ayer al igual que hoy, les permite eludir cualquier responsabilidad independientemente del bando para el que fabricasen sus venenos.  Rápidamente se pusieron a la tarea y se dieron cuenta que con unos pocos retoques, como disminuir la dosis, algún cambio en la estructura química, etc. aquello que servía para matar personas lo podían utilizar para los “bichos” y las “malas yerbas”. Así nacieron los “pesticidas”, después llamados “fitosanitarios” y actualmente “fitofarmacéuticos”. Cambios de nombre con una clara intención de engañar tanto a los agricultores como a los consumidores al sustituir un término que hace referencia a  unos “productos concebidos para matar” (“biocidas”) por unos medicamentos que se suponen protegen la salud de las plantas y, por consiguiente, la calidad de los alimentos.
La primera estrella de esta colección de venenos fue el DDT, un pesticida organoclorado, al que la propaganda de la época elevó a la categoría de “herbicida milagro”, pues además de enriquecer a estos industriales, iba a terminar con las plagas de las cosechas, con los piojos y la caspa de los niños. Algo que en nuestro país hubiese sido razón suficiente, de existir la virginal  moda actual, para que algún ministro o alcalde lo condecorase con alguna medalla honorifica u otorgado el bastón de mando de su corporación.
Gracias a los trabajos de campo de la bióloga Raquel Carson, publicados en 1962 en su libro “Primavera Silenciosa”, y tras sufrir muchas descalificaciones por parte de las “autoridades” científicas y políticas ayudadas por los medios de “desinformación” de la época, finalmente se impuso la razón y a principios de los setenta la EPA (Agencia para la Protección del Medioambiente, fundada gracias a sus trabajos) prohíbe el uso del DDT por “provocar  riesgos inaceptables para el medio ambiente y daños potenciales para la salud humana” y la denostada Raquel Carson fue considerada por esos mismos medios: “entre las cien personas más influyentes del siglo XX”. Lamentablemente el reconocimiento le llegó tarde pues había fallecido de un Ca. de Mama.
Varias décadas después otra gran mujer, Theo Colborn, denuncia en su libro “Nuestro futuro robado” publicado en 1996, lo que junto a un grupo de biólogos de distintas especialidades venían observando cada uno por su parte y en diferentes especies de la fauna salvaje: “Una reducción draconiana de las poblaciones de determinadas especies de animales, disfunciones del sistema de reproducción como que los adultos tenían dificultades para procrear y cuando lo lograban, las crías nacían con malformaciones congénitas y no sobrevivían; también observaron comportamientos no habituales, como hembras que se unían en parejas, machos que no defendían su territorio…”.
Todo ello se expuso en 1991 en la llamada “Declaración de Wingspread” en la que se llamaba la atención sobre los perjuicios de unas moléculas que tienen la capacidad de alterar el sistema endocrino y que las autoridades, afectadas por una “ceguera voluntaria” o quizás “inducida” por las multinacionales del sector, siguen ignorando.
Con todo lo anterior los autores  daban la señal de alarma: “Si no se eliminan los perturbadores sintéticos hormonales del medio ambiente, podemos esperarnos unas disfunciones de gran envergadura a escala de la población general. La magnitud del riesgo potencial para la fauna y para los seres humanos es grande, debido a la probabilidad de una exposición repetida y constante a muchos productos químicos sintéticos conocidos por ser perturbadores endocrinos”. ¡Y las autoridades aún siguen pensando qué hacer!
Otra mujer, en este caso una periodista y documentalista francesa, Marie-Monique Robin, ha sido la encargada, tras una exhaustiva y rigurosa investigación, de mostrarnos el verdadero rostro de esas multinacionales, en dos excelentes libros con sus documentales correspondientes (ambos se pueden ver en Youtube) titulados: “El mundo según Monsanto” y “Nuestro veneno cotidiano”. Poniendo de manifiesto los interese que defienden y al servicio de quien están las agencias estatales, los gobernantes y, desgraciadamente, una parte importante de la “ciencia”.                                                                                                                           Son esas grandes multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow Chemical, Pfizer, Bayer, etc.) las mismas que inundan nuestros campos de pesticidas y transgénicos, al tiempo que no dudan en poner en el mercado fármacos cuyo riesgo no ha sido evaluado convenientemente, y que a pesar de demostrarse las graves consecuencias de su uso los mantienen hasta que los muertos desbordan su capacidad de ocultación, las que constituidas en “lobby” o “grupos de presión” están negociando, en el más absoluto de los secretos, con los políticos de EEUU y Europa un tratado de libre comercio conocido como TTIP para, según nos dicen los partidarios del mismo, “beneficio de los pueblos” de esos territorios.
Otra mujer, Cecilia Malmströn, perteneciente al Partido Popular sueco y Comisaria Europea de Comercio se convirtió en un símbolo de la frialdad, desinterés por los ciudadanos y la democracia en las instituciones, cuando un periodista le preguntó cómo iba a seguir defendiendo el TTIP a pesar de la enorme oposición de la opinión pública y respondió con toda desfachatez y sinceridad: “Mi mandato no procede del pueblo europeo”. Evidenciando a servicio de quién está y el impacto social del TTIP  mediante el ataque salvaje a la democracia que el mismo supone.

La realidad anterior se pone de manifiesto en el llamado tribunal de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado (ADIS), que permite a las empresas demandar a los gobiernos si las políticas de éstos les causan una pérdida de beneficios. De manera que unas multinacionales, que nadie ha elegido, pueden amenazar y obligar a los gobiernos democráticamente elegidos a no aplicar medidas de salud pública o tener que hacer frente a cifras millonarias de indemnización. Como ejemplo tenemos lo ocurrido con la compañía energética sueca Vattenfall que ha demandado al gobierno alemán por miles de millones de dólares por haber decidió retirar paulatinamente las centrales nucleares a raíz del desastre de Fukushima.

Hagamos caso al eslogan que se utilizó en el Reino Unido en la lucha  contra el SIDA: Don´t die of ignorance! (“¡No muera por ignorancia!”), abramos los ojos, seamos inteligentes y no nos dejemos engañar por organizaciones y grupos que solo buscan el beneficio económico sin importarles las consecuencias para el planeta tierra, los seres humanos actuales y, mucho menos, de las generaciones futuras. Digamos alto y claro: “NO AL TTIP”. No a los políticos que negocian en nombre del pueblo a escondidas de ese pueblo. 

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