Se buscan 50 diputados “libres”

Nos encontramos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de nuestro país.

Un resumen de los hechos es el siguiente:

En 1946 en una España “nacional-católica” con el dictador F. Franco gobernando el país por “la gracia de Dios” se aprueba la Ley Hipotecaria en la que el artículo 206 da a la iglesia el privilegio (así lo clasifican muchas sentencias) de inscribir a su nombre mediante la propia certificación del Diocesano bienes de utilidad pública. En definitiva se equipara al obispo con un fedatario público. En el Reglamento Hipotecario, el artículo 5, prohibía la inscripción de los templos. En 1998 el gobierno de Aznar deroga dicho artículo 5.

Con estas herramientas a su disposición la iglesia ha desarrollado una voracidad registral, de manera que además de lugares de culto, que no necesariamente han de pertenecerle, pues el uso no otorga derecho de propiedad, ha registrado a su nombre viviendas, locales comerciales, almacenes, garajes, cementerios, fincas, solares, prados, viñas, pinares, olivares y hasta un frontón.  Entre los inmuebles apropiados destaca el edificio más emblemático de la ciudad de Córdoba, la Mezquita-Catedral.

La inconstitucionalidad de las normas aludidas es tan obvia que incluso un ministro neofranquista como Gallardón, de un gobierno que rezuma beatería ha tenido que tramitar su anulación. El problema es que lo ha hecho de tal manera que legaliza el expolio realizado por la iglesia, pues una vez que dicho artículo se derogue se incrementará la dificultad legal para exigir la anulación de las inmatriculaciones (inmuebles que se registran por primera vez) de la iglesia. Por ello es necesario presentar en el Congreso de los diputados un “Recurso de inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones realizadas antes de que se produzca  para lo que se necesitan 50 diputados que lo firmen.

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿cómo es posible que nuestros “demócratas” representantes permanezcan impasibles?

Quizás la respuesta la encontremos en la disciplina al partido que “obliga” a los diputados a defender las consignas que les marquen en detrimento de la defensa de los ciudadanos que los eligieron. Se prioriza la obediencia al jefe que los pone en la lista sobre los ciudadanos a los que se supone representan. Lo anterior hace que los partidos en realidad puedan ser utilizados por quienes ocupan nuestro Congreso como una oscura pantalla encubridora tras la que esconderse evitando tener que dar la cara como individuos responsables de lo que se aprueba o se rechaza, instalándose en lo que la psicología social denomina “pensamiento grupal” que entre otras cosas les lleva a la creencia no cuestionada de la ética del grupo haciendo que sus miembros ignoren las consecuencias de sus actos con un sentimiento de invulnerabilidad y un optimismo excesivo ante la dilución de la responsabilidad que se produce, a lo que se añade la presión a los miembros del grupo que están en desacuerdo produciéndose una ilusión de unanimidad entre los componentes del “grupo-partido”. Lo anterior se ve agravado cuando nos encontramos en una situación en que la ética del partido ha sido sustituida por la corrupción como vemos en los abundantes casos que se nos muestran diariamente.

Necesitamos políticos que antepongan la ética a la legalidad en el cumplimiento de las normas, que se liberen de la obediencia ciega al partido que pertenezcan y tengan la valentía de defender lo que piense que es justo, aunque sea contrario a lo que el partido proponga, que antepongan la libertad de pensamiento y acción al servilismo partidario, que actúen “heroicamente”, sin miedo a lo que puedan pensar los demás ni a las consecuencias que tal acción les pueda acarrear.

En definitiva se trata de que, puesto que la ley es inconstitucional, de ahí su próxima derogación, se presente un “Recurso de inconstitucionalidad” en el que se exija la anulación de todas las actuaciones realizadas por la iglesia basándose en la misma, volviendo los inmuebles a la situación previa a la inmatriculación, y a partir de ahí, que la iglesia solicite, como cualquier otro ente jurídico, el poder registrar a su nombre aquellos inmuebles que considere le pertenecen aportando los documentos legales que lo acrediten y que según la ley son “el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos” y para ello, como ya hemos apuntado, se necesitan que al menos 50 de los 350 diputados que nos representan rompan las cadenas que los atan al partido que pertenecen y actúen como individuos libres en defensa del patrimonio público, pues cuando se demuestre, y se demostrará, que un solo inmueble, y hay cientos, ha sido adquirido por la Iglesia de manera irregular, se les señalará como cómplices y responsables por su inacción.