“El indicador por antonomasia del buen hacer de un
gobierno es cómo atiende los intereses de su pueblo, en especial de los más débiles,
y si es capaz de protegerlo durante los tiempos difíciles.”
Si compartimos esta afirmación de David
Stuckler y Sanjay Basu, autores del
libro “Por qué la austeridad mata” y la utilizamos como test para evaluar a
nuestro gobierno y al resto de la Unión Europea llegaremos a la conclusión de
que lo están haciendo bastante mal.
Aquellos que
defienden el libre mercado y la aplicación de la austeridad por parte del Estado, “creen” que
pagar la deuda y reducir el déficit debe estar por encima de todo, incluido el
coste humano que ello pueda suponer. No
importa que los datos procedentes de múltiples países sobre las recesiones y la
economía en los últimos cien
años indiquen una pauta clara:“los beneficios del estímulo versus los perjuicios de las políticas de
austeridad”.
Suele aceptarse resignadamente que las recesiones económicas
son inevitablemente perjudiciales
para la salud de las personas y en consecuencia es razonable esperar un aumento
de alcoholismo, depresiones, suicidios, enfermedades infecciosas,
complicaciones de las patologías crónicas, etc. Sin embargo los hechos nos
demuestran que no tiene por qué ser así, ya que los daños para la salud de las
personas en los momentos de recesión económica van a depender del tipo de
política (“determinantes políticos”) que se adopte por los gobiernos. Podemos
decir que: “Aunque las recesiones nos vacían los
bolsillos y nos empobrecen no tienen necesariamente que llenar los hospitales y
cementerios”
Si repasamos la historia veremos que ante situaciones similares
han sido las políticas de estímulo del gasto público las que han conseguido
sacar a los países de las recesiones económicas y cuando se han aplicado las
políticas restrictivas se ha empeorado y, lo que es peor, se ha aumentado el
sufrimiento y la mortalidad de la población más vulnerable.
Tenemos los ejemplos de EEUU en la Gran Recesión y la
política de New Deal aplicada por el presidente Roosevelt incrementando
el gasto público en obras, créditos para la vivienda y cupones para alimentos
entre otras, y como a partir de su aplicación la economía empezó a mejorar, así
como la tasa de suicidios de la población y la mortalidad infantil. Acentuándose
la diferencia entre los estados gobernados por los republicanos reacios a
aplicar tales medidas y los gobernados por los demócratas que si las aplicaron.
Ejemplo más reciente lo tenemos en Suecia, donde en la década de 1990 sufrió un
crac peor que la actual recesión sin que por ello aumentasen los suicidios ni
las muertes relacionadas con el alcoholismo. Este país junto a Dinamarca,
Finlandia e Islandia tienen y han mantenido unos programas de protección social
de gran calidad y eficiencia, en los que incluyen Programas de Mercado Laboral
Activo y de Ayudas a la vivienda, con lo que se actúa sobre las dos causas más
graves de riesgo para la salud en situaciones de recesión económica: el
desempleo y la pérdida de vivienda.
En contraste con lo anterior en
Grecia, Italia, Portugal y España, siguiendo los consejos de la Troika
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) han
aplicado importantes recortes en los sistemas de protección social por lo que
el desempleo y la pérdida de vivienda se han convertido en un problema de gran
magnitud afectando a la salud de su población más vulnerable, especialmente los
problemas de salud mental (ansiedad, depresión, alcoholismo) y con ello el aumento
de las tasas de suicidios. Existiendo en nuestro país una correlación entre las
cifras de desempleo y el número de suicidios, incluyéndose una nueva modalidad
llamada “suicidio económico” que en España supone 30% del total, lo que se
traduce en un goteo de tres diarios. En Grecia, convertida en el “enfermo de
Europa” se han incrementado las enfermedades infecciosas (Tuberculosis, Sida,
Malaria) y las complicaciones de las patologías crónicas (Diabetes,
Hipertensión, Cardiopatías, etc.).
Un dato que puede orientarnos sobre las consecuencias de las
políticas en la salud mental de la población es el consumo de antidepresivos,
que en Reino Unido y España, con sus recortes, se han incrementado en torno al
20% en
contraste con el 6% de Suecia.
Otra vuelta de tuerca para agravar y aumentar la mortalidad
lo tenemos con las subidas del recibo de la luz, a pesar de la “pobreza
energética” en la que se encuentran más de cuatro millones de personas en
nuestro país.
Las políticas de recortes o “austericidas” no solo nos
empobrecen sino que aumentan el sufrimiento y muertes de los más vulnerables,
precisamente aquellos a los que “un buen gobierno” debería priorizar en su
cuidado. Y todo ello impuesto por unos organismos carentes de democracia y con
la excusa de que es la única alternativa posible.
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