(y III) Frente al “negacionismo” y “afirmatismo”, escepticismo científico. (Trilogía: El negocio de las Vacunas del COVID-19)

“Pienso que para la mayoría de las enfermedades es más barato, más humano y más eficaz controlar su origen que tratarlas una vez se han producido”.

Thomas McKeown

El título del escrito refleja mi posición con respecto a las vacunas contra el SARS-COVID-2.

No comparto, ni las posturas “negacionistas” por situarse fuera de la ciencia, ni las de los “afirmativistas” por exceso de credulidad en gobiernos, industria farmacéutica y otros organismos e instituciones que han demostrado carecer de credibilidad. Intento situarme en una postura crítica  basada en un escepticismo científico que propicia el debate basado en pruebas. Ese es mi objetivo, otra cosa es que lo consiga.  

Desde el inicio de la pandemia, hemos podido comprobar una polarización política extrema, reflejada en el rechazo y falta de colaboración por parte de la oposición ante cualquier medida adoptada por el gobierno de la nación. Así, hemos visto opiniones enfrentadas sobre el uso de mascarillas, el número de fallecidos, el tipo de pruebas, la necesidad del estado de alarma y no digamos sobre la implantación de los confinamientos. Un enfrentamiento  entre los representantes políticos tan esperpéntico, que resulta preocupante pensar que dependemos de ellos para salir de la pandemia. Esta fuerte polarización entre la clase política se ha trasladado al seno de la sociedad en el posicionamiento respecto a las vacunas, que se ha dividido entre quienes manifiestan un rechazo visceral y quienes hacen una defensa numantina sobre ellas. Ambos bandos con la misma fe en sus creencias y la misma ceguera ante las pruebas, en uno u otro sentido, consecuencia del “sesgo de confirmación” que “todos” padecemos y la dificultad para comprender los datos de los estudios realizados, resultado de nuestra incompetencia con los números en general y con la estadística en particular. 

Las vacunas, de acuerdo con lo expresado en la cita de McKeown que encabeza el escrito, gracias a la función preventiva que realizan, son los tratamientos médicos más valiosos, más económicos y, en muchos casos los más seguros para librarnos de las enfermedades. Gracias a ellas, desde su inicio con la vacuna de la viruela en el siglo XVIII por Edward Jenner, se han salvado millones de vidas.

El economista Joseph Schumpeter afirmó que, “el capitalismo moriría como consecuencia de su propio éxito”. Algo parecido ocurre con las vacunas, que gracias al éxito que han supuesto para acabar o controlar algunas enfermedades, ya hemos olvidado las tragedias que provocaban. Nadie recuerda las muertes y cicatrices faciales que producía la viruela, felizmente erradicada del planeta desde 1980. Hemos olvidado las epidemias de peste, de cólera, las frecuentes secuelas de parálisis en niños a consecuencia de la  poliomielitis. No digamos de la difteria y las muertes por asfixia, debido a los exudados membranosos. El olvido es tan generalizado, que a pesar de la catástrofe para la humanidad de la llamada “gripe española” de 1918, que afectó a un tercio de la humanidad y produjo una mortalidad estimada entre 20 y 40 millones de personas, cifra similar a la Primera Guerra Mundial, no se ha visto reflejado ni en la literatura ni en el imaginario colectivo de la sociedad con la misma intensidad.

En mi experiencia profesional, iniciada a finales de 1979, las enfermedades anteriores eran solo un mal recuerdo histórico. En cambio, la que si estaba muy presente era el sarampión, cuyo primer brote en el que tuve que intervenir como médico, fue al inicio de mi ejercicio profesional en Conquista, que afectó a los niños de 4-5 años entre los que se encontraba mi hija. Es difícil describir la angustia, como médico, y no digamos de los padres, ante la postración del pequeño, visiblemente afectado por la enfermedad, con su rojez característica, fiebre elevada, conjuntivitis, tos persistente y lastimera, y lo peor de todo, el miedo a las posibles complicaciones, la temida meningoencefalitis con graves secuelas e incluso la muerte,  sordera, etc. Las horas y los días se hacían eternos. Todo este sufrimiento ha desaparecido, gracias a la vacuna del sarampión, tan denostada por los negacionistas, a consecuencia de su asociación con el autismo en un estudio fraudulento. Posteriormente se administró junto a la parotiditis y rubeola en la llamada “triple vírica” que junto a la “pentavalente” (difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b) constituyen el núcleo de la vacunación infantil actual.

El objetivo de este preámbulo, es dejar claro mi defensa de las vacunas como uno de los mejores recursos para protegernos de las enfermedades. Sin embargo, es un error hablar de vacunas en general, pues necesitamos valorar cada una de ellas en función del riesgo/beneficio, de manera que tenemos algunas, como las mencionadas, que se debería poner todo el mundo, otras son cuestionadas (papiloma y gripe) y algunas solo deben usarse en situaciones concretas.

Las vacunas contra las enfermedades víricas, que podemos denominar “clásicas”, se basan en introducir el antígeno del virus en el organismo. El sistema inmunitario reconoce como extraña a esa proteína procedente del agente infeccioso causante de la enfermedad y pone en marcha la producción de anticuerpos para su eliminación.

Para introducir el antígeno se utilizan dos procedimientos, dando lugar a los dos tipos clásicos de vacunas: inactivadas y atenuadas.

Para entender la diferencia, utilizaremos la metafórica definición de virus que hizo el inmunólogo Peter Medawar cuando dijo que: “un virus es una mala noticia envuelta en una proteína”.

-       En las vacunas inactivadas, se elimina el material genético (la mala noticia) y se utiliza la envoltura proteica del virus que es la que provoca la respuesta inmunitaria. Al no disponer del genoma vírico, no puede replicarse y en consecuencia no puede producir la enfermedad. Se conocen popularmente como de virus muertos (Ejemplos: Polio tipo Salk y gripe estacional).

-         Las vacunas atenuadas, utilizan el virus completo tras someterlo a un proceso de debilitamiento de su virulencia. Son virus vivos a los que se les ha disminuido su capacidad de replicarse y por tanto de provocar la enfermedad (Ejemplos:Polio tipo Sabin, sarampión, etc.).

Cuestiones clave que nos planteamos ante cualquier vacuna, y que resultan relevantes en la actualidad para las utilizadas contra el COVID-19, son:

- ¿Cuál es el riesgo de infección y cual el de sufrir daños graves o la muerte por la vacuna?

- ¿Qué posibilidades hay de evitar la infección y cuál es el riesgo de sufrir daños graves o morir?

- La prevalencia, o frecuencia, de la enfermedad es un factor importante a tener en cuenta para tomar una decisión.

- Todos los fármacos producen efectos secundarios, y las vacunas no son una excepción. De ahí la importancia de valorar riesgos/beneficios.

Vacunas contra el SARS-CoV-2.

Estas vacunas utilizan una nueva tecnología basada en la ingeniería genética desarrollada a raíz de la epidemia del SARS-1 y el MERS, lo que desmiente la supuesta “hazaña científica”, pues la tecnología estaba ya disponible. A diferencia con las clásicas, en lugar de introducir un germen inactivado o debilitado en el cuerpo humano, las nuevas vacunas entrenan nuestro sistema inmunológico para responder a una “proteína de pico” (proteína Spike) –en sí misma, inofensiva– que forma las protuberancias características que tiene el virus en la superficie, y que utiliza para penetrar en las células del organismo infectado. Se distinguen dos tipos: las de ARNm y las Vectoriales.

-  Las de “ARN mensajero” (Pfizer y Moderna) consisten en extraer del ARN del virus (1) el trozo donde están los genes (2) que dan las instrucciones para producir las proteínas (spike) que lo envuelven. Este trozo de ARN envuelto en unas nanoparticulas lipídicas (3) es la sustancia que se introduce mediante la vacuna (4), llegando al citoplasma de las células (5) donde activa la producción de la proteína spike que rodea al coronavirus y que al salir de la célula, debido a su capacidad antigénica, es reconocida como extraña por el sistema inmune, que produce anticuerpos para su eliminación (7). Estos anticuerpos son los que, cuando nos expongamos al virus de la enfermedad, lo neutralizaran.

-  La de AstraZeneca-Oxford y Janssen se llaman vectoriales, porque utilizan un adenovirus como vector para introducir la información del coronavirus.

Se extrae el trozo de virus que tiene los genes que producen las proteínas de la envoltura (1) y se insertan en el genoma de un adenovirus (2) al que se le han inutilizado los genes que lo hacen agresivo.

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¡Eficacia del 95 por ciento o cómo engañar sin mentir!

No siempre las cosas son lo que parecen, y el marketing de la industria farmacéutica es experto en practicar la ilusión de que sus productos parezcan más beneficiosos de lo que realmente son.

Pongamos un ejemplo: Recibimos una llamada de un conocido, que suele presumir de tener contactos con personajes de la alta sociedad, y nos dice que nos llama desde la  Moncloa. ¿Qué estaríamos entendiendo?

Supongo, que como la mayoría de los sujetos a los que se les ha realizado este tipo de pruebas, pensaríamos que seguramente habría alguna verdad en sus fanfarronadas y que, por alguna razón, estaría en la Moncloa con alguien relacionado con la presidencia del gobierno.

Sin embargo, la realidad es diferente a lo que hemos supuesto, pues la llamada se realizó desde la acera delante del edificio mencionado.

¿Qué puede haber ocurrido?

1.- Que no hubiese ninguna intención de engañar y solo estuviera intentando informar acerca de su ubicación. Si es así, una vez se percatase del malentendido por nuestra parte, nos sacaría del error.

2.- Otra posibilidad es que, aunque no tuviese la intención de engañarnos, una vez detectada la malinterpretación por nuestra parte, siga manteniéndonos en el error. Sería una forma de engaño.

3.- Y finalmente, puede ocurrir lo que el marketing tiene como objetivo, que es confundirnos para que parezca que su producto tiene más valor del que realmente posee. Nos estaría engañando sin “mentir” al inducirnos hacia una interpretación interesada, pero equivocada, del mensaje.

En esta tarea, el concepto estadístico de “riesgo relativo” adquiere importancia, al ser el dato que se suele utilizar para inducirnos a error en la interpretación que hacemos del mismo.

Veamos que nos dice el laboratorio Pfizer en nota de prensa acerca del estudio sobre su vacuna:

“Polack y col. (31 de diciembre) informan una eficacia de la vacuna del 94,8% contra Covid-19 después de dos dosis de la vacuna de ARN mensajero (ARNm) BNT162b2 (Pfizer – BioNTech)”. 

Este es el mensaje ampliamente difundido por todos los medios: las vacunas contra el coronavirus tienen una “eficacia” del 95%.

Ante esta información, lo que medios y población están “entendiendo”  es que de 100 personas vacunadas 95 estarán protegidas de enfermar o que, en caso de hacerlo, tendrán un 95% de probabilidad de recuperarse sin problemas.

Sin embargo, al igual que lo ocurrido en el ejemplo de la llamada, esa no es la interpretación correcta que tendríamos que hacer de los resultados del estudio, y la empresa farmacéutica no solo lo sabe, sino que potencia el equívoco en su beneficio para la venta, tanto de las acciones que tras este mensaje subieron como la espuma haciendo millonarios a todos los ejecutivos y algunos profesionales implicados en los ensayos clínicos, como del producto.

¿Qué significa realmente el resultado de 95% de eficacia anunciado?

El primer dato que necesitamos conocer para una interpretación correcta es: ¿eficacia con respecto a qué? Podría ser, respecto a enfermar, a transmitir la enfermedad, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI o mortalidad. Sin embargo, de todos estos aspectos, lo único que se ha estudiado ha sido la cantidad de “personas afectadas” en el grupo vacunado frente al placebo. El siguiente dato que necesitamos saber es que se ha considerado “persona afectada”.

Los criterios utilizados para considerar a una “persona afectada” de Covid-19 en el estudio fueron: tener uno o dos síntomas leves (fiebre, cefalea, tos, mialgias, etc.) y una prueba PCR positiva.

De acuerdo a esos criterios hubo 170 casos, de los cuales 8 se dieron en el grupo vacunado compuesto por 21.720 voluntarios y 162 entre los 21.728 a los que se les administró el placebo (sustancia con los mismos componentes de la vacuna a excepción del fragmento del ARNm del virus). 

Ver gráfico para los cálculos.

El resultado de la disminución del “Riesgo Relativo”, nos da 94.66, que se redondea en el  95%.

Comprender los términos riesgo relativo y riesgo absoluto puede ayudarnos a entender mejor el propio riesgo de padecer el Covid.

El “Riesgo Relativo” es el número que te dice que proporción de algo que haces, como ponerte la vacuna, puede cambiar tu riesgo comparado con tu riesgo de no hacerlo. No nos dice a qué cantidad de riesgo o cuanto riesgo estamos asumiendo en uno u otro escenario, pues se trata de una proporción sin saber de qué cifras partimos.

Dado que se trata de un concepto contra intuitivo y difícil de captar, pondré un ejemplo que puede hacerlo más inteligible: “Al entrar en unos almacenes somos obsequiados con un vale descuento del 95% sobre una serie de productos, sin especificar precio de los mismos. De entrada nos parece una buena oferta el que solo tengamos que pagar un 5%. Sin embargo para poder hacer una valoración sobre la importancia que tiene el descuento en nuestro caso, tendríamos que conocer el precio de los productos ofertados y si realmente los necesitamos. No es lo mismo que el precio original sean 100 euros que 100 céntimos y/o que se trate de un producto que nos es útil o que no necesitemos. La proporción del descuento es la misma, pero la importancia para nosotros es diferente si tenemos en cuenta el resto de factores”. Esto es lo que ocurre si solo conocemos el “riesgo relativo”, que intuimos un beneficio mayor del que puede tener.

El Riesgo Relativo suele sobrevalorar los efectos del fármaco evaluado e informa muy poco sobre el efecto real de la vacuna, pues no nos dice si estamos ante los 100 euros o los 100 céntimos, por eso es el dato que pregona la industria. Si queremos saber los beneficios que aporta, necesitamos conocer otros dos parámetros: el Riesgo Absoluto y el Número Necesario de personas a Tratar para evitar un contagio (NNT). Estos datos son los que la comunidad científica reclama a las farmacéuticas para poder valorar los beneficios reales, y que ésta suele escamotear.

En el caso que nos ocupa, aplicando los datos a la fórmula para obtener la disminución del Riesgo Absoluto 

(ver gráfico) tendríamos: 0.71%.

Es decir, el beneficio de vacunarse es inferior al 1%.

El riesgo absoluto es el tamaño de tu propio riesgo. La reducción del riesgo absoluto es el número de puntos porcentuales que tu propio riesgo disminuye si haces algo protector, como vacunarte. El grado de reducción del riesgo absoluto depende del valor inicial de tu riesgo y en el caso de la vacuna de Pfizer es del 0,71%.

21 de febrero de 2021. Vacunas contra SARS-Cov2
Marca Vacuna	Vacunados	Placebo	Riesgo Relativo	Riesgo Absoluto	NNT	Resultado	Edad
Sputnik	14.964 (16)	14.902 (62)	91.6%	1.2%	83	COVID-PCR 21d 1D, Od 2D	18-80 28 con+80
AstraZeneca	5.807 (30)	5.829 (101)	70%	1.2%	83	COVID-PCR Hasta 3 m	18-55 (56-69; +70 (20)
Pfizer	21.720 (8)	21.728 (162)	95%	0,71%	141	COVID-PCR 28d 1D, 7d 2D	16-55 12(100) +75 (¿?)
No se incluyó a personas que hubieran tenido COVID previamente, ni embarazadas, ni personas con problemas de inmunidad, ni con enfermedades crónicas degenerativas…

En el recuadro podemos ver los datos de las vacunas autorizadas en uso de emergencia, con los Riesgos Relativos, los Riesgos Absolutos y los NNT.

El NNT de la vacuna de Pfizer es de 141. Eso significa que se necesita vacunar a 141 para proteger a 1.

 Con los datos disponibles de los ensayos, no de la propaganda, lo que sabemos es que las vacunas producen una menor afectación (consistente en tener uno o dos síntomas leves y una PCR+)  de alrededor del 1% en los vacunados con respecto a los no vacunados. Aún no sabemos si disminuye la transmisión o la gravedad de la enfermedad. Aunque la “propaganda” lo da por supuesto, aún está pendiente de su comprobación, por lo que resulta ridículo el uso del “pasaporte Covid”.

 Ignoramos la duración de la inmunidad, así como los posibles efectos secundarios a largo plazo, por razones obvias.

Aunque los organismos de farmacovigilancia estiman que solo se comunican menos del 2% del número real de casos, las reacciones más frecuentes comunicadas son: Fiebre, Dolor en la zona del pinchazo, Mareos, Dolor de cabeza, Dolores musculares o de articulaciones, Diarrea, Vómitos, Malestar, Astenia.

Entre las reacciones más graves tenemos:

• Anafilaxia, una reacción alérgica grave que se ha presentado, pero que todavía no pueden cuantificarla porque no se han administrado demasiadas dosis y no se podría dar datos fiables.
• Los casos de tromboembolismo “asociados” a la vacuna AstraZeneca, que han paralizado su uso en algunos países. Sin embargo la Agencia Europea del Medicamento ha informado que el número de casos no es superior al esperado en la población general, por lo que sigue recomendando su uso.

Paradojas de la perversidad del negocio de las vacunas.

-       La vacuna rusa Sputnik V, a pesar de haber pasado todos los filtros por parte de las organizaciones científicas rusas, tener mejores datos y haber solicitado su autorización con bastante antelación a las autorizadas sigue pendiente de respuesta por la Agencia Europea del Medicamento.

-       La vacuna de Oxford-AstraZeneca, cuya investigación y desarrollo se ha realizado en la universidad de Oxford apoyada con fondos públicos, pues se pretendía que no fuese patentada y su producción se pudiera realizar libremente por parte de los laboratorios de los países interesados, abaratando costes y facilitando su disponibilidad. Sin embargo la presión del magnate Bill Gates, defensor acérrimo de las patentes y cuya fundación había participado con varios cientos de millones, obligó a que se entregase la patente a la empresa farmacéutica AstraZeneca para su producción y venta.

-    En Finlandia, donde los investigadores de la Universidad de Helsinki disponen de una vacuna desde hace meses, libre de patentes y fácil de administrar por via nasal, lo que podría producir una inmunidad que impidiera el contagio del virus por parte de los vacunados. El gobierno ha optado por la compra de vacunas a  la ‘Big Pharma’, en lugar de proporcionar los 50 millones que se necesitan para desarrollar la fase III. Un despropósito más en esta lamentable historia del negocio de las vacunas.

Estos son los datos (que pueden cambiar en el curso de la fase IV), y suyas las conclusiones, pues cada persona es responsable de su cuerpo y sus decisiones. Abrimos el debate.

II. “Los 7 maléficos” y las patentes. (Trilogía: El negocio de las Vacunas del COVID-19)

Las vacunas contra el COVID-19, según lo propagado por la industria y asumido por los gobiernos, son seguras y eficaces. Estas afirmaciones, no exentas de polémica por la falta de transparencia de los estudios, las han convertido en la esperanza para terminar con la pandemia, de ahí la preocupación por parte de algunos países y organizaciones para que todo el mundo, sean ricos o pobres, puedan acceder a ellas.

En este contexto han aparecido voces que intentan cambiar el rumbo marcado, priorizando la protección de la salud y haciendo propuestas para facilitar su producción y distribución de manera equitativa, y no según quién puede pagar más.

Entre ellas, tenemos la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se aplicara “una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.

En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó un “Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID19”, que  incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, algo que según, Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho es positivo pero insuficiente, pues en una situación excepcional y sin precedentes como la que nos encontramos, se requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción.

Con este objetivo, surge la propuesta de “Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP), puesta en marcha en mayo de 2020, a iniciativa del presidente de Costa Rica, para facilitar el intercambio de información protegida por patentes en la lucha contra el virus, incluidos los diagnósticos, terapias y datos de ensayos.

En opinión de sus defensores, la iniciativa C-TAP debería recibir especial atención pues, además de basarse en valores como la solidaridad, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida, ofrece una solución a los problemas planteados por:

• Las leyes relacionadas con patentes, cuyos derechos de exclusividad impactan de manera negativa en el suministro y distribución equitativa de tecnologías innovadoras en salud a nivel mundial, permitiendo precios elevados e imponiendo restricciones para la manufactura a gran escala.

• El acaparamiento del know-how (“saber-cómo” o “saber hacer”), es decir la tecnología necesaria para la fabricación, es mantenida en secreto por los laboratorios farmacéuticos, convirtiéndose en otra estrategia de control y mantenimiento del monopolio que puede dificultar el incremento en la producción de vacunas debido a su complejidad, cuando debería ser de dominio público, en especial por la situación de pandemia.

• Los conflictos producidos por el nacionalismo de las vacunas, que está provocando que los países de altos recursos acaparen dosis de vacunas y dejen sin posibilidad de acceso los de menos recursos. Las naciones de altos ingresos representan sólo el 13% de la población mundial, y ya han comprado más de la mitad de dosis de candidatos a vacunas para COVID-19.

La suspensión temporal de las patentes hasta lograr la inmunidad mundial, como se plantea en la propuesta C-TAP, permitiría a todos los países miembros de la OMC, la posibilidad de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias que se desarrollen para luchar contra la pandemia hasta que se logre la inmunidad de grupo a nivel mundial. La "puesta en común" de los tratamientos y datos permitiría a los fabricantes cualificados de todo el mundo producir equipamiento, fármacos o vacunas esenciales sin temor a ser demandados por infringir las patentes.

El objetivo es reducir los costes de producción, aliviar la escasez mundial de tecnologías y medicamentos clave y terminar antes con la pandemia.

Según el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el C-TAP es un mecanismo que tiene como meta lograr que “las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la COVID-19 estén al alcance de todos”. Asimismo, crearía un espacio de colaboración entre países para la I+D, la producción y el suministro de dichas herramientas para la COVID-19. En definitiva se trataría de acelerar, mediante la investigación científica abierta, los recursos para hacer frente al virus y agilizar la obtención de los mismos mediante la movilización de capacidad de fabricación complementaria.

Aunque la OMS esperaba que, con el apoyo de los distintos países, el acceso mancomunado a las tecnologías contra la COVID-19 funcionaría como un esfuerzo paralelo a otras iniciativas para impulsar las labores de lucha contra esta enfermedad en todo el mundo, la realidad es decepcionante. A pesar de contar el C-TAP con el apoyo de 100 países (de los 164 Estados y territorios que forman la OMC), no está recibiendo la atención, esfuerzos ni la prioridad que se merece, al tener en contra a los que he denominado “Los 7 maléficos”, que alineados con los intereses de las compañías farmacéuticas, se oponen a esta iniciativa.

El grupo de “Los 7 maléficos” lo forman la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, (muy Unidos a la industria farmacéutica en egoísmo y falta de solidaridad), Suiza (como siempre, al lado del dinero), Brasil (con un presidente negacionista y ultraneoliberal del que no cabe esperar nada positivo en defensa de la población pobre), Japón y Australia (ambos con escasa repercusión de la pandemia, pues Japón con más de 126 millones de habitantes se han producido 7738 fallecidos y Australia con 25 millones de habitantes no llegan a mil las personas muertas, pero alineados con ellos).

La Comisión Europea, a través de las declaraciones de su  presidenta, Ursula von der Leyen, ha puesto de manifiesto su hipocresía, al decir que “la UE ha aportado enormes sumas para I+D de las vacunas COVID” y para “ayudar a desarrollar un bien mundial común”. Sin embargo, la Unión Europea y sus Estados miembros, han rechazado la propuesta de suspensión de las patentes. De forma que, aunque lo declarado sobre la aportación económica es cierto, en lo referente a la intencionalidad solidaria de la declaración, de momento, es falsa.

En octubre Érika Dueñas, miembro de OMS y del C-TAP afirmó que “no hay aun compromisos concretos de la industria con C-TAP, y que siguen en conversaciones para tratar de convencer a las compañías farmacéuticas dada la voluntariedad en la  participación en el programa”. A fecha de enero, según la OMS, no se ha compartido ninguna tecnología ni tratamiento.

Todo indica que la visión de las naciones se ha enfocado en adquirir una vacuna que permita volver rápidamente a la antigua cotidianidad, tan pronto sea posible, y se ha descuidado la mirada a largo plazo en la que  compartir conocimiento e invertir esfuerzos en otro tipo de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, son cruciales para tener una mejor oportunidad de respuesta, tanto en esta como en próximas crisis sanitarias, que seguro padeceremos.

Es necesario, sacar a la luz y poner el foco del debate en priorizar la salud sobre el negocio, señalando las conductas egoístas y lesivas para la población mundial por parte de las farmacéuticas con la complicidad de los gobernantes de los países económicamente más ricos, aunque ética y humanitariamente estén muy empobrecidos.

Se dispone de suficientes mecanismos legales tanto a nivel Internacional como Nacional que no solo lo permiten, sino que podríamos acusar a los gobiernos que no los utilizan de estar despilfarrando dinero público y ser cómplices de la falta de transparencia, en beneficio de las empresas farmacéuticas y en perjuicio de los ciudadanos.

El derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además la Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos su cumplimiento.

Si nos remitimos a la historia, a principio de los 90, en el encuentro denominado Ronda de Uruguay, se creó la OMC y se aprobaron las normas internacionales que protegen la propiedad intelectual (acuerdos ADPIC). Las normas acordadas, fueron interpretadas de manera sesgada por parte de las empresas hacia una excesiva protección de la propiedad intelectual, entrando en ocasiones en conflicto con derechos fundamentales como la protección de la salud, especialmente el derecho de patentes sobre los fármacos. Esta situación confusa se aclaró en el encuentro del 2001 en la Ronda de Doha, donde la OMC reconoció que los países tienen derecho a proteger la salud de sus ciudadanos saltándose la regulación internacional de las patentes y ratificó la legalidad de las licencias obligatorias -es decir, la posibilidad de que los gobiernos encarguen a laboratorios de genéricos que fabriquen los medicamentos necesarios- o bien que los importen de países que no hayan autorizado las patentes, para dar respuesta a un determinado problema de salud, a un costo, por tanto, mucho más barato.

En consecuencia disponemos, además de la necesidad de solucionar las limitaciones actuales en la producción y distribución de las vacunas y de las razones humanitarias, de argumentos jurídicos nacionales e internacionales para que nuestros gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional, puedan acceder a estas vacunas a un precio razonable, facilitando su disponibilidad y sin poner en riesgo ninguna otra partida presupuestaria del sistema de salud tan esquilmado en la última década. Resulta sorprendente, a pesar de las enormes sumas de dinero invertidas, el entreguismo por parte de los gobiernos de los países señalados ante las farmacéuticas.

Tenemos un precedente histórico y referente en el enfrentamiento con las multinacionales del medicamento en Nelson Mandela, un presidente ejemplar en este aspecto y en tantos otros, que  en 1998, con 250.000 de sus ciudadanos muriendo de SIDA cada año, el Parlamento de Sudáfrica legalizó la “suspensión de patentes farmacéuticas” y el uso de “licencias obligatorias” en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA, lo que permitió al gobierno, comprar los medicamentos más baratos disponibles en el mercado, sin que importe si los dueños de la patente lo autorizan o no, y otorgar licencias a las compañías locales para producir versiones más económicas de las drogas cuyas patentes son propiedad de las grandes multinacionales.

La respuesta inmediata por parte de las empresas farmacéuticas fue que 39 de ellas interpusieron una demanda para revocar la ley y contra el carismático presidente sudafricano. La reacción de las ONGs implicadas en la atención a los enfermos de SIDA (Oxfam, Médicos sin Frontera, etc.) ante la actuación de las farmacéuticas, junto a la protesta ciudadana, la condena internacional, incluso el gobierno estadounidense que había estado presionando al presidente Mandela se vio obligado a desistir, y ante la pérdida de la, ya bastante deteriorada, reputación de la industria farmacéutica y los indicios de que iba a perder el juicio, la demanda fue retirada en 2001, evitando la condena y un precedente que podía serles muy lesivo en el futuro.

Además de Sudáfrica, otros países (Egipto, India) han actuado contra las patentes para tratamientos del SIDA y el cáncer, y más reciente, respecto al fármaco sofosbuvir, para el tratamiento de la hepatitis C. Luego “se puede” y si no solucionamos la producción y el acceso a un precio asequible de las vacunas, no se debe a problemas legales sino a estrategias de “chantaje” por parte de los laboratorios, debilidad y sometimiento de los gobiernos a sus intereses, todo ello bajo el paraguas de la “sacrosanta propiedad privada” en su versión “propiedad intelectual”.

I. Falacias y corruptelas de la Industria Farmacéutica. (Trilogía: El negocio de las Vacunas del COVID-19)

 El objetivo de este escrito no es valorar las vacunas en sí, sino hacer una crítica del proceso mercantil de las mismas y mostrar el perfil de las empresas implicadas en su producción y la “sospechosa” connivencia de los gobernantes de algunos países, entre los que se incluyen el nuestro y el resto de la Unión Europea.

Al abordar el negocio de las vacunas, vemos que la historia se repite una vez más. Las denuncias que se hicieron por la falta de accesibilidad y el abuso de la industria farmacéutica en el precio del tratamiento del VIH/Sida y la hepatitis C, y la inoperancia o servilismo por parte de los gobernantes, vuelven a ser actuales en lo que está ocurriendo con las vacunas del Covid-19.

Hace décadas que la industria farmacéutica dejó a un lado la parte humanitaria del compromiso social que sustentaba su razón de ser, evitar el sufrimiento humano mediante fármacos que curasen o aliviasen las enfermedades, y se centró en el aspecto económico intentando maximizarlo, incluso a costa de la salud, y a veces de la vida, de las personas.

Peter C. Gøtzsche, Profesor de medicina y farmacología clínica de la Universidad de Copenhague. Director y profesor del Nordic Cochrane Center, en su libro “Medicamentos que matan y crimen organizado”, dice: “La industria farmacéutica está corrompida hasta la médula, “extorsiona” a médicos y políticos, y mantiene enormes beneficios a fuerza de medicar innecesariamente a la población.”

Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina, dijo en una entrevista sobre  la política estadounidense: “Los poderes políticos no intervienen porque en nuestro sistema, los políticos son meros EMPLEADOS de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen,….COMPRAN a los que son elegidos”.

No es casualidad que las farmacéuticas sean las empresas más rentables en EEUU encabezando las listas Fortune 500 un año tras otro, así como que en algunas campañas electorales estadounidenses hayan gastado más dinero que los propios partidos Republicano y Demócrata. Son la “joya de la corona” del sistema capitalista.

Las grandes compañías farmacéuticas gastan cientos de millones de dólares al año en “presionar” a profesionales de la medicina con la intención de que prescriban y promocionen sus medicamentos. Estas costosísimas operaciones de marketing, son maquilladas bajo la apariencia de actividades científicas, formativas o investigadoras. Según Open Payments (Programa USA de divulgación que promueve un sistema de atención médica más transparente y responsable) en 2017 se pagaron solo en EEUU 8.310 millones de dólares, tanto a médicos como a Hospitales y otras entidades. En 2016, más de 30 directivos y delegados comerciales de Pfizer en España, fueron despedidos por “malas prácticas”, entre ellas, hacer regalos caros a los médicos con el objetivo de que estos recetaran sus medicamentos.

En 2007, Marcia Angell, ex editora del New England Journal of Medicine, una de las revistas de mayor prestigio en medicina, y profesora en la Harvard Medical School, denunció en una entrevista, que “los científicos de AstraZeneca falsificaron su investigación sobre la eficacia del medicamento Esomeprazol”, para promocionarlo como superior al omeprazol cuando en lo único que lo superaba ampliamente era en el precio, al haber caducado la patente y disponer de genéricos muchísimo más baratos.

Para hacernos una idea de la actividad criminal y falta de escrúpulos de las grandes empresas farmacéuticas, baste recordar que en los primeros años del 2000 la mayoría de ellas pasaron por los tribunales de EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2.200 millones de dólares de multa. En cuatro de estos casos las compañías farmacéuticas implicadas –TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca (fabricante de una de las vacunas autorizadas) y Bayer (asociada con la empresa alemana para la vacuna pendiente de autorizar) –reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en peligro la salud y la vida de miles de personas.

Las afirmaciones anteriores y los hechos descritos, muestran el perfil de dos de los principales protagonistas, industria farmacéutica y ciertos políticos, del drama que se está representando a nivel mundial con el desarrollo, producción y distribución de las vacunas y el uso de las patentes. El otro protagonista lo constituye la población, desempeñando su papel de receptor y pagador.

Con esta carta de presentación, no sorprenderá que frente al principio de inocencia: “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, en lo que respecta a las empresas farmacéuticas, lo prudente seria aplicar el principio de precaución y considerarlas “culpables hasta que demuestren su inocencia”. Sin embargo, no es esta la actitud que los gobiernos, y en concreto la Comisión Europea, están teniendo con las farmacéuticas productoras de las vacunas, a las que están dando todas las facilidades para su negocio en detrimento de garantías a la población. Podemos decir que están actuando en la línea de lo denunciado, al principio del escrito, por el Nobel de medicina.

Ante la carencia de terapias eficaces en la pandemia provocada por el Covid-19, disponer de vacunas ha supuesto un gran avance y un aliento de esperanza. Sin embargo, ello no nos debe cegar y obviar la necesidad de ser críticos y vigilantes, en un proceso dominado por la falta de transparencia y, teniendo en cuenta la “reputación” de los implicados, recordemos que dos de las farmacéuticas suministradoras (Pfizer y AstraZeneca) han sido condenadas por prácticas criminales. Máxime cuando, dada la desesperación del momento, las agencias reguladoras han autorizado su uso por mecanismos de urgencia, lo que ha permitido hacer en unos meses lo que suele tardar diez años de media. Evidentemente, ello ha sido posible al aplicar una cierta laxitud a los requisitos exigidos habitualmente, por lo que no sorprende que existan dudas razonables sobre su seguridad y eficacia. 

Sabemos que, si las vacunas no son económicamente  accesibles, millones de personas se quedarán en la cuneta. Situación que, además de insolidaria, entorpecería la lucha contra la pandemia y podría empeorar el problema, pues el virus dispondría de un reservorio en el que medrar y replicarse, facilitándose las mutaciones y la aparición de nuevas variantes que podrían ser más contagiosas, más agresivas y más resistentes.

A pesar de ello, la actitud imperante en el denominado mundo desarrollado, es la de un egoísta “sálvese quien pueda”, es decir, quien pueda pagar a las farmacéuticas lo que ellas impongan.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado del "fracaso moral catastrófico" al que se asoma el mundo en la distribución de vacunas, con la mayoría de los países ricos acaparando gran parte de los suministros que se producirán en 2021.

Las propuestas sobre cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, de forma más eficiente, más justa y solidaria, brillan por su ausencia. Nuestros representantes públicos han eliminado de su agenda la posible producción de vacunas y medicamentos COVID accesibles, asequibles y transparentes. Nadie cuestiona ninguna de las normas regulatorias o comerciales existentes en la normalidad pre-pandemia, y el debate sobre la necesidad de revisar los derechos de las patentes, a pesar de las iniciativas planteadas al respecto, ni está ni se le espera.

Charles Gore director ejecutivo de Medicines Patent Pool (MPP), plataforma de intercambio de patentes que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, ha dicho que la falta de compromiso simboliza el fracaso generalizado de la lucha global contra la pandemia. "Desgraciadamente, ha habido muy poco de 'hagamos esto todos juntos como un mundo' y demasiado 'yo primero".

En las últimas semanas han salido a la luz los problemas de producción y suministro con dos de las compañías que tienen autorizada la vacuna o están a las puertas de obtenerla. Raquel González, perteneciente a Médicos sin Fronteras, ha dicho: “Estamos asistiendo a un escenario con enormes tensiones y a unas negociaciones opacas propias de un ‘mercado persa’ en el que los países que más pagan son los que más población tienen vacunada y las corporaciones farmacéuticas abusan y operan con impunidad mediante acuerdos de compra bilaterales secretos”.

En este escenario, nos encontramos por parte de los responsables políticos de la Comisión Europea y en los debates del Congreso de Diputados, ante un silencio sepulcral sobre las condiciones de producción, compra y distribución de las vacunas. En nuestro país, la discusión mediática se ha centrado en la criminalización de los casos marginales de responsables públicos que se han vacunado sin que les correspondiera. Medios y gobernantes solo parecen estar interesados en propagar las “bondades” de las vacunas, la cantidad adquirida y población vacunada. Podríamos decir, que el fin ha sido suplantado por los medios.

El debate que deberíamos tener, y que está siendo secuestrado por medios y gobernantes, es el de la necesidad de primar la salud sobre el negocio. Algo que, en una situación de pandemia como la actual, obliga a cuestionar y suprimir el derecho de patentes de las farmacéuticas sobre vacunas y otros productos necesarios en la lucha contra el COVID-19.

Una máxima de la propaganda, muy utilizada en estos tiempos en los que se ha impuesto la mentira como práctica habitual, es que “si queremos que una mentira sea aceptada como verdad solo es cuestión de repetirla hasta la saciedad”.

La industria farmacéutica la aplica a varios mitos, consiguiendo que sean aceptados por políticos, profesionales de la salud y la sociedad en general.

Dos de los mitos más populares en relación con las patentes son:

1.-  “Los medicamentos son tan caros por los altos costes de investigación y producción”.

2.- “Las innovaciones médicas son resultado de la investigación financiada por las farmacéuticas”                    

En cuanto al primero, la realidad es que el precio de los medicamentos depende de lo que la sociedad en los países ricos está dispuesta a pagar por ellos. Precio que, a veces, está relacionado con la capacidad de tratar o evitar una enfermedad o dolencia, pero sobre todo con la capacidad de las farmacéuticas de mantener a raya a la competencia mediante el uso de las patentes. 

Respecto a los gastos en innovación, se sabe que suelen ser inferiores a los que utilizan en el marketing para la promoción de medicamentos y no suelen sobrepasar el 5% de los beneficios, incluida la “presión” a profesionales y “extorsión” a políticos. 

Toda la ciencia básica que ha permitido avanzar en la medicina moderna se ha desarrollado gracias a organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, centros de investigación y laboratorios públicos; existiendo diversos informes que indican que entre el 70 y 80 % de los fármacos más importantes de las últimas décadas se desarrollaron gracias al conocimiento y las técnicas de laboratorios públicos, aprovechándose después las farmacéuticas de ello. Veamos algunos ejemplos:

-       La zidovudina, primer fármaco contra el SIDA que salió al mercado, fue sintetizada en la Fundación contra el Cáncer de Michigan en 1964 sin que, en ese momento, se le conociese ninguna utilidad (los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en 1981), pese al poco dinero que le costó a Burroughs Wellcome, laboratorio que lo desarrolló y comercializó, en 1987 el precio del tratamiento anual para cada enfermo era de 10.000 dólares;

-       El Taxol, un fármaco eficaz contra varios tipos de cáncer (ovario, mama, pulmón, etc.) que se obtenía del tejo del Pacífico y que fue sintetizado por los científicos de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, se entregó para su comercialización a Bristol-Myers Squibb, quien a pesar del bajo coste de producción en 1993 se embolsaba entre 10.000 y 20.000 dólares anuales por cada enfermo en tratamiento. Cuando terminó el derecho de patente, demandó a todos los que tenían intención de fabricar genéricos, retrasando con artimañas jurídicas la producción de fármacos más baratos y embolsándose miles de millones de dólares.

-       Más recientemente tenemos el ejemplo del Sovaldi, para el tratamiento de la hepatitis C. La empresa Gilead, comercializadora del medicamento no ha investigado nada, se limitó a comprar la patente por unos 11.200 millones de dólares al pequeño laboratorio californiano PHATMASET que lo había desarrollado, por cierto, basándose en la investigación realizada con fondos públicos en un centro británico. Si tenemos en cuenta que, según la propia industria, desarrollar un fármaco supone una inversión de 800 millones de dólares, cifra que los analistas  independientes reducen a menos de 100 millones, vemos que se trata de una operación especulativa, pues quien realizó la “innovación” con fondos públicos (PHATMASET)  obtuvo unos beneficios estimados en más de 10.000 millones y Gilead, en una maniobra puramente comercial, no solo recuperó rápidamente lo invertido sino que obtuvo unos ingresos desorbitados aplicando precios elevados (84.000 dólares por tratamiento en EEUU, 25.000 euros en España) que nada tenían que ver con el coste del producto y si con la exclusividad que la explotación del mercado le otorga la protección de patentes.

-       En el caso de las vacunas contra el COVID-19, la UE y sus estados miembros han participado con unos niveles de financiación pública que no tienen precedentes. Se estima que se han invertido más de 8.300 millones de euros en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales vacunas candidatas de COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford, Johnson & Johnson / BiologicalE, BioNTech, GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur, Novavax / Serum Institute of India y Moderna / Lonza.

La médica y activista Ellen 't Hoen, experta en propiedad intelectual, ha denunciado que, a pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes invertidos por los gobiernos de países ricos de todo el mundo en el desarrollo de las vacunas, éstas serán propiedad y estarán bajo el control de las empresas y sus accionistas.

Los “acuerdos de compra anticipada” por parte de la Unión Europea, a pesar de tratarse de dinero público, se han llevado a cabo en el más absoluto secretismo, con una confidencialidad que incumple su propia normativa que obliga a la transparencia en los contratos. Los escasos datos que han salido a la luz del acuerdo realizado con la empresa alemana CureVac, conocido como “TachónGate” debido a las restricciones y tachaduras en los documentos mostrados, son altamente preocupantes, pues evidencian que, de nuevo, el afán de lucro y la inoperancia de los gobernantes se anteponen a las vidas de las personas. En el acuerdo, no se recoge el mandato de los estados miembros a la Comisión Europea de «promover la vacuna Covid-19 como un bien público mundial». Por el contrario, el enfoque de los acuerdos de compra anticipada parece estar en reducir el riesgo de inversiones y actividades de las empresas y menos en la protección del interés público y las inversiones públicas.

Una vez más, las consecuencias de las políticas neoliberales que, al primar el beneficio económico sobre las vidas de los ciudadanos, consiguen que los económicamente poderosos marquen las reglas, eliminando cualquier obstáculo a lo único que les importa y valoran: la riqueza, o mejor, “su riqueza”. Aunque ello suponga la muerte de millones de seres humanos, como ocurrió con el SIDA en el continente africano y puede suceder con el Covid en países de ingresos bajos y medios.

Profecía cumplida: La Navidad y sus muertos.

 Estamos en los primeros días de febrero de 2021 y, tal como había previsto la comunidad científica, y cualquiera que aplicara la razón a los hechos conocidos, la situación de la pandemia en nuestro país ha adquirido tintes dramáticos, con elevadas cifras de contagios, hospitales colapsados, sanitarios extenuados y los fallecidos en cantidades tan elevadas que están saturando las funerarias. Volvemos a rememorar lo ocurrido en la primera embestida del virus.

A pesar de ello, el relato diario de los medios de comunicación se limita a contar, día tras día, la misma tediosa sopa de cifras carente de análisis crítico y emoción en sus contenidos. Con la consiguiente apatía y desinterés en quienes las escuchan, a pesar de la gravedad de los hechos. ¡Vamos, como si la cosa no fuese con nosotros!

En este contexto, los acontecimientos son tratados, por unos y otros, con una resignación similar a la de una catástrofe imprevista de la naturaleza, como si de un terremoto se tratara. De manera que las actuaciones de las autoridades políticas y sanitarias suelen ir un paso por detrás del virus, ocupados en paliar las consecuencias del desastre en lugar de planificar y actuar con antelación. Condicionados a concentrar los esfuerzos en el ámbito asistencial, especialmente el hospitalario, para resolver los daños ocasionados, al tiempo que se descuida la atención primaria y los aspectos preventivos. Prevención que, durante las navidades, se ha limitado a decirnos de manera persistente lo que, aunque se nos permitía, no debíamos hacer. Dejando al arbitrio y la responsabilidad de cada persona su cumplimiento.

Sin embargo, la actuación por parte de los gobernantes ante la pandemia en estos momentos, no puede ser comparable a la producida ante un desastre natural imprevisto, pues lo que nos está ocurriendo se sabía con la antelación suficiente para haberlo evitado, sino en su totalidad, en gran medida.

Si en marzo del 2020, no teníamos ni idea ante lo que nos enfrentábamos, y cuando empezamos a ser conscientes de la gravedad del problema nos encontramos con escasez de recursos, tanto materiales para la protección de los profesionales como para el tratamiento de los enfermos, es razonable considerar que se actuó lo mejor que se pudo o se supo, con aciertos y errores. Sin embargo esta presunción de inocencia no es aplicable a lo que está ocurriendo en estos días, ya que desde distintos organismos de salud se alertaba de las consecuencias de no tomar medidas extremas durante las fiestas navideñas que, de no hacerse, preveían unas 20.000 muertes extras en nuestro país durante los meses de enero y febrero. Previsiones que, por desgracia, se van cumpliendo.

A principios de diciembre, tras diez meses de pandemia, ya teníamos conocimientos suficientes sobre el virus para tomar las medidas convenientes. Sabíamos que es altamente contagioso, que se transmite principalmente entre las personas por vía aérea mediante aerosoles y gotitas de flugge, y que las temperaturas invernales propician el contagio al provocar agrupaciones en espacios cerrados. A lo anterior, se añade la aparición de una variante que, en el mejor de los casos es 70% más contagiosa y en el peor, que además, puede ser más lesiva. Si con este escenario favorable al virus, en vez de actuar en consecuencia poniendo limitaciones, lo que hemos hecho es darle más facilidades, al permitir la movilidad y reuniones familiares en Navidad, tendremos todos los ingredientes para predecir, sin ser ningún lumbreras, lo que está ocurriendo, tan fácil como ¡blanco y en botella!  

Sin embargo nuestros gobernantes, con las Comunidades Autónomas a la cabeza en la toma de decisiones tal como exigían en los primeros meses de pandemia como requisito imprescindible para solucionarla, siguen tan preocupados como incapacitados para tomar las medidas necesarias. Instalados en la queja al gobierno como actividad principal, ahora por dejarlos decidir. En sus, lamentables y tediosas, comparecencias siguen mostrando su preocupación y advirtiendo que de seguir así tendrán que tomar drásticas medidas, sin aclarar hasta donde podemos llegar antes de que las tomen y que tipo de medidas. Todo queda pospuesto a la socorrida reunión con los respectivos “expertos”. Ejemplarizando una conducta de auténticos procrastinadores, ante unos problemas que necesitan lo opuesto, es decir, mensajes claros, actuaciones rápidas y “no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy”.

Con los datos que teníamos a principios de diciembre y ante la perspectiva de poder iniciar la campaña de vacunación a finales de ese mes. ¿Qué medidas debieron tomarse?

En mi opinión, se tendría que haber implantado un confinamiento de 2-3 semanas similar al de marzo con lo que, esperando obtener los mismos resultados, y no se me ocurren razones para pensar otra cosa, hubiésemos llegado a final de diciembre con una prevalencia poblacional reducida y, consecuentemente un sistema sanitario libre de presión asistencial por Covid, tanto en hospitales como en atención primaria.

En este escenario, bastante más deseable que el actual, además de haber evitado las decenas de miles de muertos, los profesionales y los centros sanitarios estarían en mejores condiciones para vacunar a la población. También se hubiese disminuido el riesgo de que durante el proceso de vacunación, los vacunados se infecten antes de desarrollar la inmunidad, algo bastante factible en el contexto actual.

Que otros países de nuestro entorno estén pasando por una situación similar, no justifica la mala actuación de quienes teniendo capacidad para tomar decisiones han tomado las equivocadas que nos han traído hasta aquí. No nos sirve recurrir al dicho “mal de muchos…” pues sabemos a quienes consuela.

En contraste con lo anterior, que suele ser lo que transmiten los medios, tenemos países en los que la pandemia está siendo bastante controlada. A fecha de 2 de febrero, según la página donde se publican los casos de Covid en cada país, en Japón con más de 126 millones de habitantes y unas 350.000 afectados, solo algo más de 6,000 las personas fallecidas, en Noruega con 5,4 millones de habitantes son 582 los muertos, Australia con 25 millones no llegan a 1000 y Nueva Zelanda con 5 millones solo se han contabilizado 25 fallecimientos, etc. España con 47 millones, hemos superado los 60.000 muertos. ¿Por qué estas diferencias? No lo sabemos, porque ni se informa, ni se investiga. ¡Qué interesante ocasión para un periodismo de investigación!

En una sociedad como la nuestra, con una importante desconfianza y desafección hacia los gobernantes, se sabe que las restricciones que se consideren necesarias solo se cumplirán si lo son por obligación legal y no meras recomendaciones. Sin embargo durante las navidades se ha recurrido a las recomendaciones en detrimento de las obligaciones, y así hemos estado hasta que los contagios, los enfermos y muertos han saturado hospitales y funerarias. Siempre un paso por detrás.

Si a la brecha de recelo mutuo entre gobernantes y gobernados, le añadimos la división social y política, con un enfrentamiento cainita entre partidos políticos y  administraciones, cuando necesitamos el entendimiento y la acción conjunta, para poder superar los retos planteados por un problema, que no debería tener color político, como es la pandemia, lo sorprendente sería obtener buenos resultados.

  Si admitimos la premisa de que los problemas que tenemos con la pandemia son consecuencia de una manera de pensar y actuar por parte de quienes nos gobiernan, tanto a nivel central como autonómico, e incluso europeo, tendríamos que concluir, parafraseando a Einstein, que no podremos resolverla mientras no cambien quienes han intervenido en su creación. En definitiva, que necesitamos personas que aporten ideas nuevas, por lo  que deberían ser relevados de su puesto todos los que hasta hoy han tenido alguna capacidad de decisión para luchar contra el coronavirus. Y no tengo claro si, además, debería abrirse una investigación por su responsabilidad en el sufrimiento y muertes consecuencia de las medidas (no) tomadas para salvar la Navidad y, supuestamente la economía.

Si no somos capaces de aprender de los errores, estaremos condenados a repetirlos una y otra vez, lo que en una situación de este tipo no podemos ni deberíamos permitir. Preocupa que, cuando aún no hemos terminados de enterrar a los muertos de la Navidad, se oigan voces pidiendo ¡salvar la Semana Santa!

En nuestras manos está remediarlo. Podemos seguir resignados y anestesiados delante del televisor o levantar la voz y exigir a los responsables políticos, desde el Rey hasta el Concejal del último pueblo, que consideren esta crisis un problema de Estado y actúen en consecuencia, trabajando conjuntamente y utilizando la ciencia y la ética como herramientas para frenar la pandemia.

Parafraseando para la ocasión a mi querido amigo Julio Anguita: “No me preocupa los errores del poder, lo que me aterra es el silencio del pueblo”. O lo que es peor, el griterío de la masa instalada en la queja, sin otro fin que dañar la democracia, en nombre de la libertad.